El Gobierno nacional oficializó este jueves, mediante el Decreto 803/2025 publicado en el Boletín Oficial, modificaciones a la reglamentación de la Ley de Defensa de la Competencia 27.442, con el propósito de agilizar la puesta en funcionamiento de la Autoridad Nacional de la Competencia y del Tribunal de Defensa de la Competencia.
La normativa, suscripta por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, establece que la Autoridad Nacional de la Competencia —creada por la ley sancionada en 2018— comenzará a ejercer sus funciones “inmediatamente después de constituida”, suprimiendo el plazo de 60 días previsto en el decreto reglamentario anterior (N° 480/18).
Contenido del decreto
Según el texto, el Tribunal de Defensa de la Competencia deberá dictar su reglamento interno y las normas necesarias para su operación, en consonancia con las pautas de la ley y del decreto. Adicionalmente, se dispone que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) supervisarán su accionar, garantizando “publicidad y transparencia” en lo referente a recursos, gastos, nombramientos y contrataciones.
El Gobierno justificó la medida en la necesidad de “evitar dilaciones en la puesta en marcha y operatividad” del organismo, al considerar que su pronta constitución “coadyuvará a la observancia de la libre competencia y la protección del interés económico general, evitando la paralización de los trámites en curso”.
El decreto también precisa que, hasta tanto se implemente lo dispuesto por la Ley 27.442 respecto al régimen laboral del personal, los empleados mantendrán la relación laboral preexistente al momento de la sanción de la norma.
El objetivo de la norma
La entrada en vigencia del Decreto 803/2025 configura un punto de inflexión en la política de defensa de la competencia, al redefinir el esquema institucional responsable de la supervisión de los mercados. Desde 2018, las tareas de control antimonopolio se encontraban bajo la órbita transitoria de la Secretaría de Comercio Interior, lo cual limitaba la autonomía técnica y suscitaba críticas por la falta de independencia en la toma de decisiones.
Con la formalización de la Autoridad Nacional de la Competencia, el Gobierno persigue la descentralización de la regulación y dotar al nuevo organismo de facultades inherentes para sancionar y supervisar el comportamiento de las corporaciones. Este cambio se presenta como un hito esencial en un escenario de reconfiguración estructural de la economía argentina, donde la transparencia y la competencia adquieren una relevancia central.
Desde una óptica institucional, el nuevo marco representa un progreso hacia un sistema moderno de control de mercado, comparable con entidades como la Comisión Europea de Competencia o la Federal Trade Commission (FTC) de Estados Unidos.
Aun cuando la normativa no establece plazos definidos para los nombramientos, la selección de autoridades resultará determinante para asegurar la eficacia del nuevo esquema. La creación de una entidad independiente permitirá fiscalizar fusiones y adquisiciones, evaluar operaciones de concentración económica y sancionar prácticas colusorias o abusivas en sectores estratégicos como energía, alimentos, telecomunicaciones y transporte.
En el ámbito económico, la activación de la Autoridad Nacional de la Competencia tiene como finalidad fortalecer la transparencia en la determinación de precios, optimizar el clima de inversiones y proporcionar mayor previsibilidad a los mercados.
Además, incorpora un marco regulatorio más robusto para controlar las posiciones dominantes y las fusiones empresariales, aspectos de criticidad en una economía caracterizada por la elevada concentración sectorial.
