El comisario retirado Diego José Álvarez presentó una denuncia formal ante el procurador general de la Nación contra el fiscal federal Óscar Fernando Arrigo y el fiscal Marcelo De Giovani, acusándolos de “mal desempeño” en la causa que investiga la muerte de Franco Casco, ocurrida en Rosario en octubre de 2014. La denuncia, respaldada por los abogados Antonela Travesaro y Rodrigo Mazzuchini, solicita la apertura de un sumario administrativo disciplinario y la evaluación de posibles delitos por parte de los funcionarios mencionados. La causa, identificada como Legajo FRO 22074/2014/TO2, aborda la desaparición forzada y el fallecimiento de Casco, quien fue detenido el 7 de octubre de 2014 por la Comisaría 7ª de Rosario bajo la acusación de resistencia a la autoridad. Esa misma noche fue liberado, pero días después, su cuerpo fue encontrado en el río Paraná. En julio de 2023, tras un extenso juicio oral, el Tribunal Oral Federal número 2 absolvió a 19 policías y a un vecino implicados, aunque esta decisión fue revocada por la Cámara Federal de Casación Penal a instancias de la fiscalía y las querellas. Álvarez, uno de los absueltos, sostiene que el Ministerio Público Fiscal actuó “viciado” por ocultar pruebas que favorecían a los policías y por incorporar afirmaciones que, según su denuncia, contradicen las pruebas presentadas durante el juicio. Uno de los puntos críticos de su exposicion se centra en la evidencia médica. La denuncia destaca que se realizaron cuatro autopsias sobre el cuerpo de Casco, todas convergiendo en que no había lesiones de tipo traumático, con un diagnóstico preliminar de asfixia mecánica por sumersión. Según el escrito, el médico forense Raúl Rodríguez habría descartado la posibilidad de tortura, indicando la falta de “elementos objetivos”, mientras que la histopatóloga Adriana D’Addario identificó indicios de asfixia por sumersión en el tejido pulmonar analizado. La denuncia subraya que el fiscal Arrigo basó su recurso casi exclusivamente en la opinión de la perito de parte Virginia Creimer, ignorando las conclusiones coherentes del resto del cuerpo médico forense. Creimer, según el escrito, admitió durante su testimonio que únicamente “hablaba de generalidades” respecto a signos de tortura, sin haber corroborado esas lesiones por sí misma. En declaraciones a la prensa, Mazzuchini, abogado defensor de Álvarez, fue claro sobre la causa de muerte de Casco: “Franco Casco murió ahogado en la costa, en la ribera de Rosario, murió en el río Paraná”. Añadió que tal diagnóstico es respaldado por la perito del cuerpo forense de la Corte Suprema, D`Addario, quien halló signos de ahogamiento. Asimismo, mencionó que las juntas médicas realizadas “descartaron la muerte violenta” y, aunque no se llegó a una conclusión definitiva debido a la imposibilidad de realizar pruebas de diatomeas, “se aproxima mucho a una muerte por ahogamiento”. Mazzuchini enfatizó que, en este caso, “no hay pruebas objetivas que confirmen una muerte violenta”. Otro aspecto central de la denuncia es el tratamiento que el fiscal otorgó a las pruebas testimoniales. Álvarez sostiene que, de los 33 testimonios brindados durante el juicio, 17 resultaron desincriminantes para el personal policial, pero la acusación construyó su hipótesis principalmente en base a lo declarado por el detenido Pablo Arguello, “invisibilizando” a los otros testigos que negaron los hechos imputados. La denuncia también señala contradicciones en el testimonio de Arguello, que, según los registros, no estaba en la ubicación que él mismo mencionó en su relato. El documento resalta que, al ser cuestionado sobre eventuales beneficios a cambio de su testimonio, Arguello respondió: “No me prometieron, me cumplieron”. Además, se destaca que la fiscalía habría cambiado de manera sucesiva su teoría del caso, pasando de ubicar la detención de Casco en un lugar específico a ofrecer distintos marcos horarios, incluyendo una tercera hipótesis novedosa ante la Cámara de Casación. Álvarez considera que estas “tres versiones incompatibles” evidencian la falta de pruebas sólidas para sustentar la acusación inicial. Mazzuchini criticó severamente el rendimiento del fiscal en esta etapa del proceso, afirmando que nunca había visto a un fiscal “tan embanderado en una causa” que, a su juicio, llegó al límite de difundir engaños en un documento legal. El denunciado también esgrimió críticas respecto al uso que hizo el fiscal del Libro Memorándum de Guardia, al tratarlo como prueba válida cuando le beneficiaba y como poco confiable cuando contradice su línea argumental, sin haber promovido acciones formales por falsedad ideológica contra dicho documento. Entre las pruebas que la fiscalía supuestamente minimizó se encuentran videos que muestran a Casco caminando por la vía pública horas después de su liberación, cuya identidad en esas grabaciones habría sido confirmada mediante pericias. De acuerdo con la denuncia, estos registros permanecieron “ocultos” en la secretaría de la Fiscalía Federal número 1 hasta que el Tribunal Oral los reveló en diciembre de 2021, generando repercusiones en los medios. Asimismo, la denuncia argumenta sobre la desaparición temporal de pruebas documentales durante la instrucción, indicando un informe sobre la mejora de imágenes de cámaras de seguridad que permaneció extraviado por años, así como una pericia odontológica de la Universidad Nacional de Rosario que se ocultó durante meses hasta que su existencia fue difundida por un medio local. Mazzuchini indicó que, tras la revocación de las absoluciones por parte de Casación, no se ha avanzado con una nueva resolución en el tribunal de primera instancia. “La Corte de Casación fue engañada por el doctor Arrigo”, afirmó, arguyendo que los jueces de primera instancia podrían manifestar que “si usted considera que aquí hay un delito, fírmelo usted, pero no me mande a mí a hacer un trabajo sucio”. El abogado concluyó enfatizando la situación de su cliente: “Desde el punto de vista de la prueba objetiva médica, fílmica, y en términos de antenas telefónicas, queda claro que mi defendido Diego José Álvarez no tuvo ninguna relación con el hecho”. Álvarez agregó en sus declaraciones: “Arrigo logró que el Tribunal de Casación anule, en principio, una resolución absolutoria mintiendo sobre la prueba. Indujo a estos jueces a dictar una resolución contraria a la prueba fáctica rendida en juicio, y lo hizo a sabiendas, no por desconocimiento o error”. Otra acusación del comisario se centra en la declaración del entonces fiscal de Flagrancia de la provincia, Álvaro Campos, que habría confirmado por escrito la validez del procedimiento policial y la liberación de Casco durante la noche del 7 de octubre, información que, según Álvarez, fue ignorada por Arrigo al fundamentar su recurso ante la Cámara de Casación. Además, el escrito incluye referencias a las condiciones de detención de los internos que testificaron en contra del personal policial, que la fiscalía describió como sometidos a “hacinamiento” y “prácticas policiales violentas”. Álvarez rechaza tal caracterización, argumentando que no existían antecedentes judiciales ni administrativos contra el personal de la Comisaría 7ª por hechos de violencia previos al caso. En la documentación presentada, Álvarez incluyó un video con fragmentos del alegato del fiscal Arrigo durante el juicio, notas periodísticas sobre el accionar de la perito Creimer en otros casos, planos de la dependencia policial y copias de actuaciones del expediente principal. En su petición, la denuncia solicita la apertura de un sumario administrativo disciplinario según la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, el apartamiento preventivo de los fiscales denunciados y la eventual intervención de la justicia penal por delitos contemplados en los artículos 292 y 271 del Código Penal, relacionados con la falsificación de documentos públicos. Esta presentación, que aún no ha tenido respuesta oficial de la Procuración General de la Nación, se suma a otras dos denuncias previas impulsadas por la misma defensa: una por falso testimonio agravado contra detenidos que declararon en contra del personal policial y otra por calumnias e injurias contra uno de los testigos clave del caso. Mientras tanto, el expediente principal continúa su trámite ante la Corte tras los recursos de Casación y el Recurso Extraordinario Federal interpuestos contra la decisión que anuló las absoluciones dictadas en 2023.
Denuncia contra el fiscal Arrigo por supuestas irregularidades en el caso de Franco Casco
