El proyecto de ley propone el reintegro de los “derechos de exportación” que los productores formoseños han pagado por sus exportaciones de granos y oleaginosas. Paoltroni estima que esta medida tendrá un costo fiscal del 0,00035% del PIB en 2025, con el objetivo de alinearse a la intención de Milei de “sostener el equilibrio fiscal”. “Las disposiciones del proyecto no afectarán los acuerdos fiscales existentes entre la nación y las provincias”, sostiene el texto presentado.
El análisis incluido en el informe estimó el impacto fiscal del proyecto y establece como meta el reintegro del 100% de los derechos de exportación pagados por los productores agrícolas de la provincia por sus envíos de cereales y oleaginosas. El objetivo del régimen es “promover la competitividad regional y fomentar el desarrollo económico”, incluyendo a personas físicas o jurídicas que acrediten la producción en Formosa entre los beneficiarios.
Los requisitos para acceder a este beneficio implican el uso de semillas fiscalizadas, la presentación de la carta de porte de granos y el geoposicionamiento del establecimiento productivo. Asimismo, el proyecto contempla un mecanismo para el reintegro y menciona que será la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca la responsable de reglamentar la normativa en un plazo de 60 días, con la intervención de ARCA.
Si se aprueba, la norma permanecería vigente hasta que se eliminen las retenciones a nivel nacional. Por lo tanto, el senador urge al Poder Ejecutivo a desarrollar un plan fiscal para los futuros reintegros, garantizando una transición ordenada en la estructura tributaria para no perjudicar las finanzas.
En otro ámbito, la Corte Suprema de Justicia ha requerido a la provincia de Formosa que se manifieste en un plazo de 60 días sobre un caso que podría determinar la inconstitucionalidad de la reelección indefinida del gobernador Insfrán, quien se encuentra en el cargo desde 1995 y ha sido reelegido en ocho ocasiones.
La decisión, tomada esta semana, se basa en una denuncia presentada por Paoltroni, quien ya había denunciado a Insfrán por cuestiones similares en el pasado. Esta no es la primera queja presentada contra el gobernador por la reelección continua, ya que la Confederación del Frente Amplio Formoseño y Fernando Carabajal, un exjuez y político opositor, también han llevado adelante sus propias denuncias.
Este avance judicial sugiere que la Corte podría estar próxima a pronunciarse sobre el tema. La situación jurídica no es alentadora para Insfrán, considerando que en 2023 el máximo tribunal decretó la inconstitucionalidad de las reelecciones indefinidas en otras provincias como San Juan, Tucumán y Río Negro. Sin embargo, el caso de Formosa incluye una reforma constitucional validada por el voto popular, un factor que podría influir en la decisión del tribunal.
En el escrito presentado, se detalla que el gobernador y la fiscal tendrán un plazo de 60 días para realizar un nuevo descargo, según los artículos 319, 322 y 338 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.