El caso se inició semanas atrás, cuando efectivos de seguridad detectaron a un hombre armado en la Ruta Nacional 7, lo que llevó a una pesquisa más exhaustiva sobre una organización dedicada a infringir la Ley de Migraciones. Las investigaciones revelaron que el grupo facilitaba la entrada clandestina de ciudadanos, muchos con antecedentes criminales, desde Chile hacia Mendoza por pasos fronterizos no autorizados.
En mayo, la Policía Federal Argentina llevó a cabo seis allanamientos, incluyendo uno en un hostel de Guaymallén cercano a la terminal de ómnibus, que servía como refugio temporal para las personas traficadas. Durante estos operativos, C. N. fue detenida por primera vez junto a otros supuestos integrantes del grupo, según información divulgada localmente.
En el lugar, se descubrió también una infraestructura destinada al cultivo y procesamiento de marihuana: se hallaron más de 9 kilos de cogollos y picadura, 67 plantas de cannabis, municiones, dinero en efectivo en diversas monedas, documentación extranjera, trece teléfonos celulares y equipamiento tecnológico para el cultivo intensivo.
La mujer había recibido una prisión domiciliaria, pero al constatarse su ausencia en el domicilio, la Justicia revocó este beneficio y volvió a ser detenida.
En la actualidad, la investigación se encuentra bajo la supervisión de la Unidad Fiscal de Mendoza y el Juzgado Federal de Garantías N° 1. Siete presuntos miembros de la organización permanecen involucrados en la causa, mientras la justicia intenta determinar la magnitud de la red, la cantidad de personas implicadas y el alcance de las actividades ilícitas.
Durante el curso de la investigación, las autoridades confirmaron que sobre C. N. recaía un pedido de captura previo relacionado con una causa de tráfico de armas. Según los investigadores, la acusada habría facilitado el traslado ilegal de armamento desde Chile hacia Argentina, utilizando el Paso Internacional Los Libertadores, un corredor clave en la frontera andina. Este paso, que conecta la provincia de Mendoza con la región chilena de Valparaíso, es uno de los principales corredores terrestres entre ambos países y ha sido señalado en investigaciones anteriores como zona de tránsito para delitos transnacionales.
Este antecedente añade complejidad al caso, dado que la acumulación de cargos refuerza el perfil de una organización delictiva involucrada en múltiples actividades ilegales.
