Los condenados son Santiago Pedroza y Roberto Fernando López. La resolución, fruto de un juicio abreviado, reveló cómo ambos organizaban y ejecutaban maniobras ilícitas que afectaron a numerosos ciudadanos, ocasionando un daño económico que supera los 21 millones de pesos.
La indagatoria, realizada por los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena, permitió reconstruir los pormenores de la operación. Pedroza ocupaba una posición clave dentro de la asociación ilícita, mientras que López, haciéndose pasar por abogado y bajo una identidad falsa, contactaba a las víctimas y facilitaba las estafas inmobiliarias. Las acciones de ambos llevaron a la comercialización de terrenos que, debido a sus condiciones, no eran aptos para ningún tipo de asentamiento.
El proceso judicial culminó luego de la confesión de los acusados y la aceptación de los hechos, momento en el que el juez Diego Rodríguez Pipino homologó el acuerdo y dictó la sentencia. Según la resolución, Pedroza deberá cumplir tres años de prisión de ejecución condicional y someterse a reglas de conducta, además de enfrentar una inhabilitación de cinco años para ejercer como abogado. El tribunal también ordenó que repare el daño ocasionado, cuantificado en más de 21 millones de pesos.
Por su parte, López recibió una condena similar de tres años de prisión de ejecución condicional, con la obligación de seguir reglas de conducta y resarcir con el pago de tres millones de pesos.
Las investigaciones demostraron que los terrenos ofrecidos estaban ubicados en áreas no aptas para la urbanización, lo que imposibilitaba cualquier asentamiento legal. Las víctimas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, fueron engañadas con promesas falsas y documentación apócrifa.
En un caso separado, la Justicia de Corrientes condenó a tres años de prisión de cumplimiento efectivo a Marina Soledad Arce, abogada penalista de la localidad de Esquina, tras comprobar su responsabilidad penal en una serie de maniobras fraudulentas contra sus propios clientes. Este fallo, emitido por el juez unipersonal Julio Ángel Duarte, incluyó también la inhabilitación absoluta para ejercer la profesión durante el mismo período.
La sentencia aprobó en su totalidad la acusación del Ministerio Público Fiscal y las presentaciones de las querellas que representaban a los damnificados. El tribunal encuadró los actos en un concurso real de delitos por hechos independientes ocurridos durante el ejercicio de la matrícula, con figuras que abarcan estafas, uso y falsificación de documentación pública y retención indebida.
La investigación, que demandó casi un año y estuvo a cargo de la Fiscalía local, logró desentrañar el esquema delictivo mediante análisis forenses informáticos, estudios documentológicos de firmas y sellos, y testimonios de las víctimas.
El mecanismo era preciso: Arce proporcionaba a sus clientes copias de actas y resoluciones judiciales falsificadas, que carecían de validez legal, para sostener el engaño y aparentar que sus gestiones estaban avanzando.
Al momento de dictar la condena, el juez Duarte dispuso que Arce mantuviese la prisión domiciliaria que ya cumplía, la cual se extiende hasta que el fallo tenga autoridad de cosa juzgada. Tras agotar las instancias ordinarias y extraordinarias de apelación, la condenada deberá ser trasladada al Servicio Penitenciario de Corrientes para cumplir el resto de la pena.
Fuentes cercanas a los tribunales del sur correntino indicaron que el equipo de defensa de la condenada ya está trabajando en la presentación de un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia, lo que marca el inicio de una nueva etapa procesal en la causa.
