Con ese cambio, el proyecto quedó concentrado en la modificación de procedimientos judiciales para agilizar desalojos y en nuevas condiciones para la expropiación de bienes privados por parte del Estado.
La discusión se enfocó principalmente en los plazos vinculados a los desalojos, luego de que también quedara fuera del texto el capítulo que contemplaba cambios relacionados con la venta de tierras a extranjeros.
Las nuevas disposiciones alcanzarán a la Ciudad de Buenos Aires y a los inmuebles bajo jurisdicción nacional que se encuentran alcanzados por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
La iniciativa quedó conformada por cuatro capítulos. Uno de ellos establece la aplicación de procesos sumarísimos para casos de usurpaciones y ocupaciones, además de fijar un plazo de 10 días hábiles para desalojos de viviendas por falta de pago de alquileres.
Según el texto aprobado, los procesos de desalojo, tanto en zonas urbanas como rurales, deberán tramitarse mediante este tipo de procedimiento. Además, se establece que el propietario podrá solicitar la restitución inmediata del inmueble frente a ocupantes ilegítimos o precarios en cualquier instancia del proceso, siempre que presente una caución juratoria.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde, defendió la iniciativa al señalar que las demoras en la recuperación de inmuebles afectan el funcionamiento del mercado de alquileres. También sostuvo que fortalecer el derecho de propiedad es necesario para facilitar el acceso a la vivienda.
A pedido de sectores opositores, el proyecto incorporó una disposición para que, cuando estén involucrados menores de edad o personas con discapacidad, los jueces deban garantizar la intervención de organismos de protección. En esos casos, se prevé un plazo de hasta 10 días para ofrecer una alternativa habitacional antes de concretar el desalojo.
El mismo plazo se aplicará para los casos de falta de pago de alquileres, con la posibilidad de realizar notificaciones en el domicilio electrónico establecido en el contrato.
El proyecto también incorpora cambios al régimen de expropiaciones. La nueva normativa establece que la declaración de utilidad pública deberá realizarse bajo un criterio restrictivo, con una identificación precisa del objetivo perseguido y una evaluación sobre la necesidad, adecuación y proporcionalidad de la medida.
En materia de indemnizaciones, se establece que deberán contemplar el valor de mercado y los daños directos. El lucro cesante solo será reconocido cuando exista una acreditación suficiente, con un límite del 30% del valor del daño emergente, salvo que se demuestre una afectación superior.
Los montos indemnizatorios se actualizarán según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el agregado de una tasa de interés correspondiente a plazos fijos del Banco Nación. En tanto, las ocupaciones temporales y anormales quedarán limitadas a un plazo máximo de 90 días, con posibilidad de una única extensión por igual período en situaciones excepcionales.
El apartado referido a las expropiaciones fue cuestionado por sectores opositores, que consideraron que las modificaciones podrían limitar la capacidad del Estado para adquirir bienes destinados a fines de interés colectivo.
Por último, el proyecto incorporó una cláusula destinada a facilitar la regularización de la propiedad en inmuebles rurales. La medida amplía el alcance de los mecanismos de usucapión previstos en la denominada Ley Pierri, con el objetivo de que agricultores familiares puedan formalizar la titularidad de las tierras donde viven y desarrollan sus actividades productivas.
