El portavoz del Gobierno, Adrián Raiver, reconoció que una parte de esos fondos se utiliza para contribuir al “equilibrio fiscal”, aunque sostuvo que otra porción continúa siendo destinada a Vialidad Nacional y al mantenimiento de las rutas.
“No puedo especificar en este momento cuánto del total recaudado se destina al mantenimiento de rutas, pero es innegable que una fracción de esos impuestos se destina a Vialidad, mientras que el Ministerio de Economía asigna otra parte para mantener el equilibrio fiscal en una situación muy compleja que heredamos”, declaró Raiver durante su visita a La Pampa.
El funcionario también rechazó la idea de que el Gobierno haya dejado de mantener la red vial. “No diría que ningún recurso de ese impuesto se destina al mantenimiento de rutas. Las rutas están siendo mantenidas”, afirmó durante una entrevista con un medio local.
Sus declaraciones se produjeron luego de que un informe difundido en distintos medios señalara que, desde el inicio de la administración de Milei, se recaudaron más de $1,5 billones a través del fideicomiso destinado a financiar obras viales, pero solo una parte de esos recursos fue utilizada para ese objetivo.
Según ese relevamiento, hasta fines de mayo se habían ejecutado $394.406 millones sobre un total de $1.503.252 millones recaudados. Esto implica que más de $1 billón permanecía sin ser destinado a obras viales. El informe indicó además que una parte de ese dinero se encontraba colocada en instrumentos financieros, como plazos fijos y títulos públicos.
El SisVial se financia principalmente mediante una porción del impuesto sobre los combustibles líquidos y tiene como finalidad financiar la construcción, conservación, mantenimiento y rehabilitación de la red vial nacional. El Ministerio de Economía interviene en la administración del esquema, mientras que el Banco Nación actúa como fiduciario.
Los datos relevados muestran diferencias importantes en el nivel de ejecución durante los últimos años. En 2024 se utilizaron $40.668 millones de los $360.238 millones recaudados, equivalente al 11,3%. En 2025 se ejecutaron $270.592 millones sobre $692.514 millones, un 39%. Entre enero y mayo de 2026, en tanto, se utilizaron $83.144 millones de los $450.500 millones recaudados, equivalente al 18,5%.
El informe calcula así una subejecución acumulada del 73,8% desde el comienzo de la actual administración.
A fines de mayo, el fideicomiso contaba además con $37.761 millones en una cuenta corriente y más de $1 billón colocados en instrumentos financieros, según el relevamiento. El dato fue utilizado para cuestionar la política del Gobierno respecto de los fondos que tienen un destino específico para infraestructura vial.
Raiver, en cambio, defendió el accionar de Vialidad Nacional y señaló que el organismo mantiene presencia en las distintas provincias. “Vialidad Nacional tiene representación en cada provincia con oficinas y profesionales que se ocupan del mantenimiento de las obras en todas las rutas”, sostuvo.
El funcionario también utilizó como ejemplo el estado de la Ruta Nacional 5, una de las principales vías de conexión entre Buenos Aires y La Pampa. “Utilizo la Ruta 5 y puedo asegurar que si no hubiera habido mantenimiento en dos años y medio, su estado no sería el actual, sería peor”, afirmó.
La discusión se produce en paralelo al proceso de reestructuración de Vialidad Nacional impulsado por el Gobierno y a la decisión de avanzar hacia un esquema con mayor participación privada en la construcción, mantenimiento y concesión de corredores viales.
El debate sobre el destino de los recursos del SisVial suma así un nuevo capítulo a la discusión política sobre el rol del Estado en la infraestructura. Mientras el Gobierno sostiene que debe priorizar el equilibrio fiscal y defiende el mantenimiento que continúa realizando Vialidad, las críticas apuntan a que los fondos recaudados específicamente para las rutas no están siendo ejecutados en el nivel previsto.
La controversia también vuelve a poner bajo discusión una de las principales demandas de gobernadores, productores, transportistas y sectores vinculados a la infraestructura: la necesidad de recuperar la red vial nacional y garantizar que los recursos destinados a ese fin efectivamente lleguen a las obras.
