La docente fue incriminada por abuso sexual simple, agravado por ejercer la educación, a partir de denuncias que abarcan varios hechos entre abril y junio de 2024. Después de un proceso penal que afectó su vida durante dos años, fue finalmente absuelta. “Siempre confié que todo se iría aclarando con el tiempo”, añadió. Sin embargo, los padres que realizaron las denuncias han anunciado su intención de apelar la decisión judicial.
A sus 41 años y madre de tres hijos, de 19, 16 y tres años, Roxana reside en Trelew, una ciudad con aproximadamente 100.000 habitantes. Una imagen suya rotulada con la palabra “abusadora” se hizo pública en toda la localidad. Asegura que durante sus 12 años de carrera docente jamás había tenido un inconveniente.
Ella relata que la primera crítica fue presentada por un grupo de madres que afirmaban que “la seño les gritaba a los chicos en el aula”. Las autoridades escolares decidieron monitorizar sus clases y comprobaron que todo se encontraba en orden. Posteriormente, apareció otra queja indicando que “la seño le agarró el brazo a un nene”.
“La mamá del nene se presentó en la escuela para aclarar que a su hijo no lo tocó nadie, que no era real. Al día siguiente, entraron violentamente a la escuela para sacarme, sin evidencia alguna, solo pidiendo la opinión de la maestra anterior”, relató Roxana, quien obtuvo su puesto mediante un concurso.
Luego de las primeras quejas, se inició un procedimiento administrativo y la docente fue apartada de su cargo por 30 días mientras se desarrollaba la investigación.
“Cuando estaba a punto de regresar al aula, el 11 de julio de 2024, surgió la denuncia por presunto abuso sexual. La noticia se esparció por las redes y al día siguiente fui detenida”, comentó.
Durante el allanamiento de su hogar, fueron confiscados computadoras, un pendrive y su celular, ya que la denuncia afirmaba que “sacaba fotos a los chicos desnudos en el aula”.
“La situación escaló a niveles insospechados y me detuvieron sin pruebas. En ese momento, estaba amamantando a mi beba de 11 meses”, recuerda.
Roxana permaneció cinco días detenida. Sus abogados lograron que cumpliera los siguientes cuatro meses bajo arresto domiciliario. Aún le resulta complicado entender la magnitud de lo que vivió.
“Las madres tenían vínculos con la docente anterior y consideraban que era más amable y se adaptaba mejor al grupo. Pero de ahí a presentar una denuncia de abuso sexual, pienso que todo surgió por el mal uso de las redes sociales, ya que los comentarios comenzaron en un grupo de WhatsApp”, argumenta.
Relata que primero una madre comentó que la maestra (en referencia a Roxana) había gritado, y una segunda madre contribuyó con otras afirmaciones. Así, las quejas comenzaron a circular entre las familias.
“Luego se comenzaron a decir barbaridades que nadie corroboró. Se descontroló la situación y terminó con tres denuncias, de las cuales aún no conocemos la verdadera motivación”, agrega.
Además, menciona que las madres que denunciaron nunca hicieron intentos de comunicarse con ella. “Tenía una relación muy afectuosa con los chicos, siempre nos despedíamos con un abrazo. Eran niños que no faltaban a clases porque, si un niño sufre algún tipo de maltrato, suele no querer ir, pero ellos jamás faltaron”, explica.
El eje central de la investigación, que estuvo a cargo de la fiscal Claudia Ibáñez, fue la declaración en cámara Gesell de tres niños de seis y siete años. Según las acusaciones, mientras el resto de los alumnos disfrutaba de un recreo, Roxana les exigía que permanecieran en el aula, les bajaba los pantalones y los tocaba.
“Al escuchar los testimonios de los niños, notamos contradicciones. Uno decía que esto le había ocurrido solo a él, otra niña mencionaba que era algo que le pasaba a todos en la clase”, señala el abogado Bonavitta.
Además, agrega que los relatos carecían de lógica y credibilidad. “Los niños afirmaron que la maestra los golpeaba, maltrataba, pellizcaba y que utilizaba rocas del tamaño de una pelota de fútbol y palos para maltratarlos. Decían que usaba cintos y les pisaba los pies hasta hacerlos sangrar”, explica.
La jueza penal María Tolomei hizo hincapié en dichas contradicciones y en el trabajo de la psicóloga responsable de realizar las entrevistas con los menores.
“Señalaré un último aspecto vinculado al sesgo que advierto en la psicóloga que llevó a cabo las entrevistas en cámara Gesell. Cuando se les preguntaba si había algo más relacionado con los supuestos hechos de abuso, los niños respondían con claridad que se referían a golpes o ‘chirlos’. Las repreguntas en muchos casos trasformaron esos golpes en tocamientos, lo que sin duda es diferente”, concluye un fragmento de la decisión de la jueza.
En su sentencia, Tolomei argumentó que “los relatos de A.S.G., G.D.P. e I.V.C., obtenidos en las entrevistas bajo la modalidad de cámara Gesell, no gozan de credibilidad”.
Para ella, es imposible discernir qué parte de la información proporcionada es cierta y cuál podría haber sido implantada o inducida, puesto que algunos relatos contenían elementos fantásticos que no se alineaban con la realidad cotidiana.
“Entonces, si no podemos confiar en una parte, no podemos hacerlo en la otra. No podemos creer lo que le conviene a la Fiscalía para mantener una acusación”, enfatiza el abogado de la docente.
Una de las madres, cuyo nombre prefiere mantener en el anonimato, sostiene que los rumores de abusos comenzaron a circular en el grupo de WhatsApp desde el principio.
“Pudimos solicitar una reunión con el equipo directivo, donde nos comunicaron que estaban sorprendidos porque para ellos, la docente era intachable”, dice.
Asegura que las familias supieron con el tiempo que Roxana contaba con varias actas por malas conductas. “Tenía un acta en 2023 y dos más en 2024 relacionadas con quejas sobre agarrones y sobresaltos a los niños”, agrega.
La situación tuvo un punto crítico una noche cuando esta madre recibió un llamado de otra mujer. Le informó que su hijo le había contado que la docente lo maltrataba, lo pellizcaba y, al indagarle más, el niño afirmó que le había bajado los pantalones y había tocado sus partes íntimas.
Según su narración, el niño también reconoció en una imagen a otros compañeros que habían vivido situaciones similares. “Apenas comienzo a conversar con mi hijo, él se pone a llorar y me abraza, mientras me dice que no permitió que eso le ocurriera y que cuando vio a la maestra bajando los pantalones a otros niños, él se tapaba los ojos para no ver sus partes íntimas”, confiesa.
A raíz de estas denuncias, los niños fueron entrevistados por diferentes peritos. “Los informes indicaron que los menores presentaban traumas de abuso sexual, y sus relatos eran coherentes y no reflejaban influencia de terceros”, detalla.
La madre también objeta que la grabación de la cámara Gesell mostrada estaba editada. “Mi abogada le indicó a la jueza que había sido manipulada y que esa prueba debía ser anulada, a lo que la jueza se comprometió a revisar las grabaciones originales, pero no lo hizo”, agrega.
“Es muy doloroso ver en los medios cómo nos tildan de mentirosas, acusándonos de arruinar la vida de alguien. Hice lo correcto al denunciar, estoy consciente de la gravedad que implica y jamás haría algo sin fundamento”, señala.
En medio del proceso, surgieron numerosos carteles que proclamaban la inocencia de Roxana. Esto llevó a esta madre a retirar a su hijo de la escuela. “Es muy injusto que la docente haya sido absuelta solo porque un perito omitió una pregunta en el protocolo”, argumenta.
Asegura que su hijo presenta dermatitis psicológica y ha comenzado a mojar la cama desde 2024. “Le teme a estar solo y tiene mucho miedo de que algo nos suceda a mí y a su padre”, señala. Tras la absolución de la docente, manifiesta su intención de apelar la decisión.
Actualmente, Roxana ejerce tareas administrativas en la oficina de supervisión de escuelas. Aunque fue absuelta en el ámbito penal, todavía debe esperar la resolución del sumario administrativo. Desde el inicio de la causa, percibe un salario mínimo debido a la imposibilidad de sumar horas de trabajo.
No contempla regresar al aula. Después de todo lo que ha vivido, prefiere ejercer desde un lugar diferente, lejos de la docencia. “La jueza es clara en su sentencia y señala a la fiscalía, a la parte denunciante y a la psicóloga que no se dieron cuenta de que no había pruebas fundadas para mantener una acusación tan seria”, subraya Bonavitta.
Asimismo, resalta que la fiscalía contaba con un plazo de seis meses para reunir las pruebas y avanzar, pero solicitó dos extensiones. “Advertimos que no debía llegar a juicio porque carecían de suficientes elementos”, concluye el abogado.
