Guzmán dejó el cargo un día después de reunirse con el ministro de Defensa, Carlos Presti. Dentro del esquema administrativo implementado por la actual gestión, el militar retirado tenía a su cargo el proceso de liquidación del antiguo Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), mientras que la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) atraviesa su etapa inicial.
Ambas estructuras tienen personerías jurídicas y modelos de funcionamiento diferentes. La OSFA comenzó a recibir los aportes de sus afiliados, mientras que la estructura residual del Iosfa mantiene las obligaciones correspondientes a la deuda acumulada con los prestadores, que según los datos mencionados asciende a $213.000 millones. En otras estimaciones, el pasivo total relacionado con la crisis alcanza los $200.000 millones.
El esquema diseñado por el Ministerio de Defensa contempla que el antiguo Iosfa continúe como estructura encargada de afrontar las obligaciones pendientes, mientras la nueva entidad avanza con el modelo de gestión destinado a los afiliados. Para completar ese proceso, se esperaba contar con recursos provenientes del Ministerio de Economía que permitieran cancelar las deudas acumuladas.
La salida de Guzmán se produjo mientras avanzaba ese proceso de liquidación. De acuerdo con lo señalado por personas vinculadas al organismo, Presti había convocado al administrador debido a su preocupación por el ritmo con el que se estaba llevando adelante la reorganización del antiguo Iosfa.
A esta situación se sumó una diferencia respecto del futuro de las prestaciones. El presidente del Directorio de OSFA, el general de brigada Pablo Guillermo Plaza, había solicitado que la estructura residual del Iosfa continuara brindando atención médica a los afiliados después del 30 de este mes, fecha establecida dentro del proceso de reorganización.
Desde la conducción de la obra social sostienen que se trata de dos entidades diferentes y que los cambios previstos permitirán avanzar en modificaciones que, según esa postura, tendrán impacto sobre la atención de los afiliados.
Mientras continúa la reorganización, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) prepara una protesta frente a la sede ubicada en Paso 551. El edificio permaneció cerrado ante el temor de que pudiera producirse un intento de ocupación.
El gremio sostiene que existe un proceso de vaciamiento que pone en riesgo alrededor de 600 puestos de trabajo. La preocupación se extiende a distintas dependencias y localidades del país, mientras los cortes de prestaciones afectan especialmente a los afiliados que viven en el interior.
En Santa Fe, por ejemplo, trabajadores civiles del Liceo Aeronáutico Militar de Funes iniciaron un plan de lucha a raíz de descuentos aplicados sobre sus salarios. La medida se desarrolla mientras los trabajadores también enfrentan interrupciones en las prestaciones de la obra social.
El conflicto lleva aproximadamente tres meses con problemas en la cobertura médica y generó preocupación entre trabajadores y sus familias. A esto se suma la posibilidad de que dejen de funcionar 33 farmacias vinculadas con la obra social y 11 centros médicos ubicados, entre otras localidades, en Quilmes, Morón, Olivos, Bahía Blanca y Mendoza.
Otro de los cambios que se analiza es el futuro de 18 centros turísticos actualmente vinculados con la obra social. La alternativa bajo estudio contempla su transferencia a las Fuerzas Armadas, aunque el traspaso de esos establecimientos no incluiría al personal.
La combinación de la deuda con los prestadores, la reorganización entre Iosfa y OSFA, los problemas en las prestaciones y la incertidumbre laboral mantiene abierto el conflicto dentro de la obra social militar mientras el Ministerio de Defensa avanza con el nuevo esquema administrativo.
