La concesión, que originalmente tenía vigencia hasta 2038, se extenderá por otros 11 años, hasta el 13 de febrero de 2049. Como parte del entendimiento, el 75% de las inversiones comprometidas deberá estar ejecutado antes del 31 de diciembre de 2031.
El acuerdo establece que la extensión del contrato no estará acompañada por aumentos de tarifas ni por restricciones al programa de inversiones. El objetivo planteado es preservar las condiciones del servicio y evitar que la renegociación genere efectos negativos para los usuarios.
Según los términos del entendimiento, la pandemia y las medidas adoptadas durante ese período provocaron un desequilibrio en la ecuación económica y financiera de la concesión. Para recomponerla, la renegociación tomó como referencia una tasa interna de retorno del 14,3%, aunque el acuerdo no establece una rentabilidad garantizada para la empresa.
La extensión finalmente acordada fue inferior a la solicitada inicialmente por la concesionaria. La propuesta original contemplaba 30 años adicionales, con una opción de prórroga por otros 10, lo que habría llevado el plazo de la concesión hasta 2078. Sin embargo, las evaluaciones técnicas y financieras realizadas durante el proceso determinaron que correspondía una extensión de 11 años.
El nuevo programa de inversiones asciende a USD 600 millones, con IVA incluido, y deberá respetar los estándares establecidos para la calidad y seguridad de los servicios. También se contemplaron las proyecciones de crecimiento del tráfico aéreo y la necesidad de mantener el equilibrio de la ecuación económico-financiera de la concesión y la amortización de las obras.
La Decisión Administrativa también contempla la posibilidad de ampliar el período destinado a amortizar las inversiones, aunque sujeta a determinadas condiciones. Antes del 30 de junio de 2027 deberá acreditarse, mediante un informe elaborado por una de las principales firmas internacionales de auditoría, que la empresa dispone de los fondos necesarios para llevar adelante el programa de USD 600 millones.
A su vez, deberá encontrarse finalizado al menos el 75% del total de las inversiones antes del 31 de diciembre de 2031. El programa establecido para la concesión no podrá acceder a los beneficios previstos por el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI).
La aprobación del Acta Acuerdo cerró el proceso de renegociación iniciado para resolver los desequilibrios acumulados durante la concesión. El entendimiento contempla las condiciones para sostener la calidad y continuidad de los servicios en los 35 aeropuertos y establece un nivel de inversiones vinculado con las perspectivas de crecimiento de la actividad aerocomercial.
El proceso se apoyó en distintos análisis técnicos, económicos, financieros y jurídicos realizados durante las negociaciones. A partir de esos estudios se definieron tanto el plazo de extensión como las obligaciones de inversión y las condiciones para preservar el equilibrio económico-financiero del contrato.
Además, el acuerdo establece que el Estado Nacional, la empresa concesionaria y sus accionistas no mantendrán reclamos entre sí por hechos o conceptos anteriores a la firma del Acta Acuerdo ni por las consecuencias derivadas de la pandemia. La disposición contempla excepciones puntuales relacionadas con revisiones de inversiones correspondientes a períodos anteriores.
De esta manera, el entendimiento busca cerrar las controversias acumuladas entre las partes y reducir la posibilidad de nuevos reclamos que puedan generar obligaciones para el Estado Nacional. Al mismo tiempo, fija las condiciones bajo las cuales continuará la concesión y se ejecutará el programa de inversiones durante los próximos años.
