El encuentro está previsto para las 11 en la Cámara de Diputados, antes del comienzo del debate en comisión del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el Poder Ejecutivo. Uno de los puntos centrales de la reunión será la situación de la Ley 26.737 y las consecuencias de la resolución del máximo tribunal sobre las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
El CECIM había presentado el amparo judicial contra la derogación de la norma, que había sido dispuesta mediante el DNU 70/2023. En una instancia anterior, la Cámara Federal de La Plata había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto.
La Corte Suprema dejó sin efecto esa sentencia, aunque aclaró que su decisión no implicó pronunciarse sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que el CECIM no contaba con legitimación suficiente para promover la acción colectiva y que tampoco se había configurado un caso judicial que permitiera avanzar sobre el fondo de la cuestión.
A partir de esa resolución, volvió a quedar vigente la derogación de la Ley 26.737 establecida por el DNU 70/2023. La norma había sido sancionada en 2011 y fijaba un límite del 15% para la propiedad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal.
La legislación también contemplaba restricciones destinadas a evitar la concentración de tierras en manos de personas de una misma nacionalidad y establecía condiciones particulares para determinadas zonas del territorio.
La reunión entre los legisladores de Unión por la Patria y los representantes del CECIM se producirá mientras la Cámara de Diputados inicia el tratamiento de una iniciativa vinculada con la defensa de la soberanía nacional.
El proyecto enviado por el Gobierno propone aumentar las sanciones para quienes exploten recursos naturales en zonas que Argentina considera bajo su reclamo de soberanía, entre ellas las Islas Malvinas.
El encuentro tendrá como eje, de esta manera, el escenario abierto por el fallo de la Corte y los próximos pasos en torno a la normativa sobre tierras rurales, en paralelo con el debate parlamentario sobre soberanía nacional.
