El celular de Fabiola Yañez abrió otro frente de conflicto en la causa por violencia de género. La defensa de Alberto Fernández reclamó hoy que el peritaje ordenado por el juez Julián Ercolini se realice en el país y no en España, para garantizar la transparencia de esa medida. “La realización de la pericia informática en territorio nacional, a partir del dispositivo original o de una copia forense realizada en presencia de un perito de parte y bajo control judicial, es la única forma de garantizar la integridad de la evidencia”, dice el escrito.
El fiscal Ramiro González había planteado que la medida quede en manos del Ministerio Público de España. “Debido a las características del acto, la naturaleza del hecho investigado y su trascendencia pública, solicítese que los representantes de Ministerio Público requerido tengan a bien citar a Fabiola Yáñez en la dependencia que pudiere corresponder para que aporte su equipo de telefonía celular; se efectúe en ese momento la copia forense requerida y se devuelva el equipo a la Sra. Yáñez una vez finalizado el procedimiento”, propuso.
El juez Ercolini coincidió con esa metodología dado que Yañez está viviendo en España. “Atento a lo solicitado por el representante del Ministerio Público Fiscal y teniendo en cuenta la voluntad manifestada por la víctima en cuanto a hacer entrega de los contactos y conversaciones mantenidas en la plataforma Whasapp con el imputado Alberto Ángel Fernández, estimo pertinente y útil disponer la realización de una copia forense del teléfono celular de Fabiola Yañez con el objeto de obtener la prueba mencionada, bajo las condiciones establecidas por la fiscalía interviniente; lo que deberá realizarse contemplando lo dispuesto en la ‘Guía de obtención, preservación y tratamiento de evidencia digital’, conforme las características advertidas por la Organización de las Naciones Unidas –Resolución PGN 756/16- y en los protocolos de actuación del manejo de evidencia digital, a fin de preservar correctamente su contenido y la cadena de custodia de la prueba”, respondió el magistrado.
Pero la defensa de Alberto Fernández, a cargo de Silvina Carreira, ahora planteó que el peritaje se debe realizar en el país para “presenciar y controlar la producción de la prueba”. “La realización de la pericia informática en territorio nacional, a partir del dispositivo original o de una copia forense realizada en presencia de un perito de parte y bajo control judicial, es la única forma de garantizar la integridad de la evidencia, debido a que se asegura así un mayor control sobre la cadena de custodia y se minimizan los riesgos de manipulación o contaminación de los datos”, dice la presentación, entre otras cosas.
Y agrega: “Es sólo de esta manera que la pericia se realiza de acuerdo con las normas y estándares técnicos establecidos en nuestro país, lo que garantiza la ulterior admisibilidad de la evidencia en el proceso judicial. La realización de la pericia en un laboratorio local permite un mayor control sobre el proceso y facilita la participación de las partes, garantizando la transparencia y la imparcialidad del proceso, y se protegen los derechos de todas las partes involucradas, incluido el colaborador que aportó el dispositivo, al evitar eventuales planteos nulificantes”.
Ese planteo ahora deberá ser contestado por el juez Ercolini y eventualmente por la Cámara Federal.
El celular de Alberto Fernández tampoco se peritó. Ese aparato está en poder de la Fiscalía desde el allanamiento en su departamento, el 9 de agosto pasado. El secuestro se ordenó por un supuesto hostigamiento pero luego la defensa de Yañez, a cargo de Mariana Gallego, confirmó que el último contacto entre ambos se registró el martes 6 de agosto a las 17:09 (hora de Argentina). Dos horas después, a las 19:47, el ex presidente se notificó en su departamento de la orden firmada por el juez Julián Ercolini, que esa misma tarde le había prohibido tomar contacto con la denunciante.
Si se confirma que la última llamada se produjo más de dos horas antes de la notificación judicial y que no hubo hostigamiento, el teléfono debería ser restituido a Alberto Fernández.
Pero todavía está pendiente otro planteo del fiscal de la causa de los seguros, Carlos Rívolo, quien pidió que el teléfono sea peritado y que se extraigan los elementos y conversaciones que puedan ser de interés para ese expediente.
