Una de las claves para el crecimiento sostenido de un país es el desarrollo de su sector privado. El gobierno de Javier Milei busca que el Estado deje de ser una traba para el desarrollo privado. El ministro Desregulación Federico Sturzenegger viene derogando diferentes normas y regulaciones que obstaculizan la iniciativa privada. El programa económico que implementa el poder Ejecutivo demanda que las empresas sean competitivas, pero, sin embargo, hay muchos factores que no dependen de la buena voluntad empresaria. El documento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre Argentina, en el capítulo vinculado al sector privado, efectúa un diagnóstico sobre las numerosas dificultades que enfrenta el capital privado.
El documento afirma que el sector privado formal viene retrocediendo en el país desde 2010 y considera que su recuperación y fortalecimiento competitivo son fundamentales para la generación de empleo de calidad, la inserción en mercados internacionales y el crecimiento económico sostenible.
Entre los múltiples desafíos, se identifican:
La baja inversión privada (16% del PIB en 2023).
La caída en el número de empresas, especialmente las exportadoras.
El retroceso de las exportaciones (no primarias).
Los bajos niveles de emprendedurismo.
La reducción del empleo privado formal.
La limitada innovación.
Los avances dispares en transformación digital.
La baja complejidad económica.
Este retroceso del sector privado también se tradujo en una caída de más de 9% en la creación de nuevos empleos desde 2011. “Las principales razones de este deterioro están asociadas a la inestabilidad macro y su impacto en el acceso y costo de financiamiento, la volatilidad de políticas y precios relativos; las deficiencias de infraestructura física y digital que reducen la rentabilidad de la inversión productiva privada; las regulaciones e impuestos distorsivos; la escasa integración a mercados financieros y de comercio globales; y las brechas de capital humano”, afirma el documento.
Competitividad
De acuerdo con el índice de competitividad global del Centro Global de Competitividad del Instituto Internacional de Gestión para el Desarrollo (2024), que mide el peso de las regulaciones e intervenciones estatales en la competitividad y el bienestar de ciudadanos, en 2024 Argentina ocupó el anteúltimo lugar de dicho ranking, de un total de 67 economías.
También se destaca que, en 2022, Argentina fue el país con mayor carga impositiva sobre el comercio exterior de América Latina y el Caribe (25% del ingreso generado por el comercio exterior). En términos de exportaciones, en 2021, Argentina era el país que cobraba más retenciones a las exportaciones (21,9% del valor exportado) del mundo, junto a Kazajistán.
El crédito al sector privado no financiero alcanzó 15,2% del PIB en promedio entre 1991 y 2023, bien por debajo de comparadores como la OECD (83%), y alcanzando un magro 11,9% en 2023.
Asimismo, se señala que sólo el 3% de las empresas manufactureras argentinas aparecen adoptando tecnologías digitales de producción inteligente de cuarta generación (que combinan hardware, robots avanzados e impresoras 3D), software (análisis de Big Data, Cloud Computing, e Inteligencia Artificial), y conectividad (la internet de las cosas).
En este contexto, los niveles de innovación empresarial sitúan a Argentina en la posición 69 entre 132 países en el Índice Global elaborado por WIPO, y en el octavo lugar dentro de América Latina y el Caribe.
Impuestos
Las empresas argentinas identifican a la presión tributaria y regulatoria como el principal obstáculo. Según la World Enterprise Survey, las compañías en Argentina consideran que los impuestos y las regulaciones laborales son las mayores restricciones a su actividad, y que los costos regulatorios para abrir y operar negocios en el país superan al promedio de la región y el mundo.
En Argentina, la productividad total de los factores en agricultura registró un promedio de 0,88 % entre 1961 y 2021, muy por debajo del 1,81 % alcanzado en Brasil. Además, durante la década de 2010, Argentina experimentó un retroceso del 0,06 %, mientras que Brasil mostró un crecimiento del 1,38 %.
El documento también enfatiza que Argentina muestra un retroceso en materia de inserción comercial internacional, área en la que ya mostraba un rezago relevante. La caída en la cantidad de empresas exportadoras enunciada se refleja en la pérdida de participación en mercados globales, donde las exportaciones argentinas alcanzaron solo el 0,3% del total mundial (la mitad de hace 50 años).
Las empresas argentinas tienen una inserción declinante en cadenas globales de valor (CGV), donde según la Organización Mundial del Comercio (OMC), en 2018 sólo 27% de las exportaciones argentinas se realizaban a través de una CGV, por debajo de los promedios de Sudamérica (37%).
Este escenario es el reflejo de la baja participación del país en acuerdos de libre comercio (ALC) inferior a la del promedio del mundo y niveles de protección elevados. Argentina participa en un solo ALC (el Mercosur), frente a 14 ALC aproximadamente de otros países del mundo (Banco Mundial, 2018).
Transporte
A su vez, se indica que los elevados costos de transporte son una traba a la internacionalización de las empresas. Los costos de exportación por contenedor en puerto y el tiempo de espera han empeorado en los últimos años, y existen considerables déficits en sistemas de gestión y tecnología aduanera, al igual que burocracia y procesos pocos modernos.
Los análisis de brechas realizados por BID Invest muestran que indicadores de calidad de infraestructura del transporte para el comercio y de costos de comercio están peor de lo esperado para el nivel de ingreso de Argentina, con déficits marcados en las áreas de carga aduanera, calidad de rutas, eficiencia de trenes, de transporte aéreo, de puertos y de rutas. El 75% de los corredores principales de la Red Vial Nacional se encuentra en estado deteriorado, lo que incrementa los costos logísticos por mayor consumo de combustible, desgaste vehicular y tiempos de viaje más prolongados. A su vez se observa una infraestructura deficiente y limitada integración logística, con solo el 3% de las cargas transportándose por vía fluvial o marítima.
Los planes del BID en esta materia contemplan:
Se apoyarán reformas tendientes a mejorar la calidad regulatoria y simplificación de trámites, facilitar la participación privada en el desarrollo y la gestión de activos y servicios de infraestructura, y simplificar y abrir el comercio exterior.
Se apoyará la modernización de marcos regulatorios, el fortalecimiento de capacidades institucionales y la mejora en la evaluación y monitoreo de los sectores de minería y energía, con especial foco en minerales críticos para el desarrollo de fuentes de energía más eficientes, y en la optimización de recursos energéticos.
En el sector eléctrico, se avanzará en la focalización de subsidios y la optimización de tarifas para mejorar la sostenibilidad fiscal y la eficiencia del sistema.
Mejorar la calidad de los servicios de infraestructura de transporte y la logística de integración.
Promover la modernización productiva en sectores estratégicos clave.
