El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, informó este viernes la intención del ministerio de Economía de privatizar Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica de alta y extra alta tensión.
La participación del Estado en Transener se da a través de la empresa controlante Citelec, que posee el 51% de las acciones de la compañía de transporte de energía eléctrica. A la vez, la propiedad de Citelec está dividida en mitades entre Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, y Energía Argentina (ex Enarsa), una de las empresas que el Gobierno busca privatizar, según lo establecido en la Ley Bases.
El primer paso de esa operación, según lo informado hoy, sería la transferencia a manos privadas de las acciones de Citelec. Según pudo saber este medio, ya hay en marcha conversaciones para realizar esa operación. La confirmación de la intención oficial llega apenas un día después de que la Comisión Nacional de Valores (CNV) publicara una normativa a medida para esa operación,
El 49% del capital de Transener que no controla Citelec se distribuyen entre el 19,57% que posee el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses; y el 27,78% de las acciones que flotan en la Bolsa y están al alcance de cualquier inversor.
Actualmente, Transener opera una red nacional que incluye cerca de 12.400 kilómetros de líneas de transmisión. Desde el Gobierno indicaron que el anuncio va en línea con el modelo que propone Javier Milei, en el que el Estado deje de cumplir roles empresarios y promueva la participación privada en sectores estratégicos.
Menos cepo para las petroleras
Además, González anticipó que se aflojará el cepo al dólar para las empresas petroleras mediante la plena vigencia a partir del año que viene del decreto 929 que en 2013 se aprobó para facilitar la disponibilidad de divisas a la empresa Chevron, luego de un polémico acuerdo entre esa compañía e YPF, durante el gobierno de Cristina Kirchner.El entendimiento buscaba impulsar la explotación de Vaca Muerta, pero tenía una gran cantidad de cláusulas confidenciales que generaron reclamos ante la Justicia.
Las empresas del sector que hayan invertido en el país más de US$250 millones entre 2013 y 2016, podrán exportar el 20% de su producción sin pagar impuestos sobre ese total y mantener en el exterior los dólares generados por esas ventas. González resaltó que el Estado quiere mostrar que cumple con los acuerdos preexistentes y con sus obligaciones.
