Milagro Sala, exdirigente social, ha incumplido las condiciones de su prisión domiciliaria impuesta por la Justicia. La otrora líder de la Tupac Amaru incurrió en una doble infracción. En primer lugar, se trasladó sin autorización judicial de la residencia declarada en Villa Elvira, debido a la finalización del contrato de alquiler, a una nueva ubicación en Gonnet. Adicionalmente, celebró el cumpleaños de su hija con la asistencia de numerosas personas en su domicilio, lo cual contraviene las estipulaciones de su régimen.
Las imágenes difundidas por un canal de noticias relevante muestran a la exdirigente social durante el festejo de cumpleaños de su hija, observándose en el plano de la cámara, al menos, a diez individuos junto a ella. Esto se opone al régimen de visitas que la Justicia estableció al condenarla por los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas.
Traslado de Milagro Sala
Por otra parte, la líder de la organización barrial Tupac Amarú se mudó a Gonnet con la intención de continuar allí con su prisión domiciliaria, a pesar de no contar con la debida autorización. Según consta en la presentación judicial incorporada al expediente, el abandono del inmueble se produjo tras el vencimiento del contrato de alquiler. El propietario de la vivienda había intimado la restitución inmediata del inmueble y advertido sobre la posibilidad de iniciar una acción de desalojo.
Ante esta circunstancia, Milagro Sala notificó a la Justicia e inmediatamente procedió a su mudanza, sin esperar la anuencia del Poder Judicial. En este contexto, tuvo lugar la celebración del cumpleaños de su hija en el patio de la residencia que abandonaría horas después.
La condena impuesta a Milagro Sala
En mayo pasado, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 15 años de prisión contra Sala por diversos delitos. El cargo más relevante es aquel por el cual fue hallada culpable del delito de fraude en perjuicio del Estado, siendo señalada como jefa de la asociación ilícita. Fundamentalmente, se desviaron fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales, utilizando para ello métodos de amenaza e intimidación.
Considerando este caso unificado, se le impuso una pena de 15 años; no obstante, se le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria debido a su estado de salud, el cual se ha deteriorado considerablemente con el transcurso de los años. Además, la Justicia dispuso el uso de una tobillera electrónica para monitorear su ubicación.
