La Justicia dispuso la prisión domiciliaria para el juez Marcelo Bailaque, acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico en Rosario.
La medida fue ordenada por la Cámara Federal de la ciudad santafesina, aunque recién se hará efectiva si prospera el desafuero contra el magistrado, sobre quien pesaba una orden de prisión preventiva desde principios de mes
La semana próxima, el Consejo de la Magistratura formulará la acusación y comenzaría el juicio político para quitarle los privilegios a Bailaque. Recién después podría efectivizarse la resolución de los camaristas Aníbal Pineda, Fernando Barbará y Elida Vidal, que tendrá vigencia por 90 días.
Bailaque está imputado por diversos delitos: extorsión, concusión, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y allanamiento ilegal. Sin embargo, las medidas judiciales en su contra no pueden aplicarse a raíz de la protección que le ofrecen sus fueros.
El fiscal federal Diego Velasco, a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), había pedido la detención del magistrado por considerar que existían riesgos de entorpecimiento de la investigación.
El mes pasado, la Cámara Federal de Casación Penal definió la situación judicial de Bailaque y de su colega Gastón Salmain, investigados en un supuesto entramado de corrupción donde están incluidos narcos, exfuncionarios de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y financistas.
El máximo tribunal determinó que el caso sea investigado bajo el sistema penal acusatorio. Sin embargo, la defensa del juez federal reclamó que se haga bajo el viejo código, que es más lento y le permitiría al magistrado ganar tiempo mientras el Consejo de la Magistratura formula la demanda por supuesto mal desempeño.
