A través de un decreto firmado por el presidente Javier Milei, se declaró secreta la adquisición de un sistema antidrones, justificando la medida por razones de seguridad nacional. La medida se conoció dos semanas después del confuso episodio que ocurrió en el Congreso
donde dos ciudadanos de origen ruso pidieron recuperar un artefacto de ese tipo que “perdieron” en un sobrevuelo del Palacio Legislativo, para el cual no tenían autorización ni solicitaron permiso.
Según lo mencionado en la medida que lleva la firma del primer mandatario y de la ministra Patricia Bullrich, esta decisión fue motivada por la necesidad de enfrentar las crecientes amenazas que representan los Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), conocidos como drones. Entre los argumentos, el Ministerio de Seguridad expone que estos dispositivos, debido a su accesibilidad y versatilidad, podrían ser utilizados para atentar contra la libertad, la vida y el patrimonio de los ciudadanos, así como contra objetivos estratégicos clave.
En el texto, además, se menciona la facilidad que representa la adquisición de uno de estos objetos y al “amplio alcance, facilidad de traslado y simplicidad de uso”. De tal manera el Decreto N ° 21/2025 indica que el sistema antidrones permitirá mitigar riesgos asociados al uso indebido de estos aparatos que, en algunos espacios, han sido empleados con fines ilícitos, como envíos ilegales en unidades penitenciarias, hasta intentos de fuga mediante explosivos o ataques.
“Se pueden resaltar ataques con drones de naturaleza terrorista, deliverys con drones en el ámbito de distintas Unidades Penitenciarias, el uso de este equipamiento con explosivos a efectos de facilitar fugas de personas alojadas en el ámbito de dichas Unidades, entre otros”, describe el texto. Frente a este escenario, la cartera de Seguridad considera imperativo dotarse de tecnologías avanzadas para neutralizar dichas amenazas, garantizando así la seguridad interior en el marco de un sistema democrático.
“Con el fin de evitar que se conozcan los dispositivos y la tecnología que se pretende adquirir y, a tales efectos, se recurra a otras tecnologías existentes en el mercado para eludir el correcto funcionamiento de los sistemas que se pretenden adquirir, el Ministerio de Seguridad considera necesario sustanciar la contratación”
Además, sostiene que es menester “entender en la determinación de la organización, doctrina, despliegue, capacitación y equipamiento de la Policía Federal Argentina y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria; e intervenir en dichos aspectos con relación a Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina”.
La decisión también incluye la intervención del servicio jurídico de la cartera de Seguridad, para garantizar que la adquisición cumpla con las disposiciones legales correspondientes.
Por dicha razón, el organismo que dirige Patricia Bullrich subraya la urgencia de mejorar las capacidades técnicas frente a nuevas modalidades delictivas que emplean drones e insiste en que resulta imperioso “declarar secreta por razones de Seguridad Nacional la operación contractual para la adquisición”.
Finalmente, el decreto dispone que el Ministerio, a través de la Secretaría de Coordinación Administrativa, instrumente los procedimientos necesarios para implementar esta medida de manera efectiva.
La medida remite al confuso episodio que se vivió a fines de diciembre, en el Congreso de la Nación, cuando dos ciudadanos rusos se acercaron al edificio a pedir la devolución de un dron de pequeñas dimensiones, marca DJI, modelo MAVIC mini PRO4, que se les había perdido. Los hombres se acercaron en horas de la noche del 28 de diciembre, con un carrito de un bebé, solicitando a la seguridad el dispositivo, que según ellos, lo habían “perdido” ese mismo día.
Los ciudadanos extranjeros dijeron que la zona donde creían que se había perdido, y pidieron que, si lo encontraban, lo entregaran en la comisaría, que allí irían a buscarlo. El episodio generó sospechas que terminaron que requirió la autorización de la Cámara de Diputados para revisar cada rincón del edificio. Cuando lograron localizarlo, se presentaron ante la comisaría correspondiente al Congreso tres ciudadanos de origen ruso, dos con pasaportes y uno con DNI emitido por Argentina.
En tanto, se le solicitó al Juzgado Federal Nº 2, a cargo de Sebastián Ramos, intervenir en la investigación. Sin embargo, solo procedió a identificar a los involucrados: se trataba de Pavel Bandurin —quien había ingresado en mayo y en octubre le dieron la residencia permanente—, Igor Lomakin, proveniente de Brasil, y Vitaly Kharlabo, proveniente de Etiopía, ambos con pasaporte ruso y poco más de 20 años.
