En medio del debate que se generó debido a la baja concurrencia de turistas en las principales zonas de veraneo del país, la gestión de Javier Milei decidió prorrogar el Fondo Nacional de Turismo. El programa fue creado hace 20 años para fomentar el sector; necesidad que se mantiene hasta hoy, según el propio Poder Ejecutivo. El Decreto 4/2025 se publicó este lunes en el Boletín Oficial y oficializó la decisión.
La norma, que llamativamente cuenta con la firma del presidente y de casi todo su gabinete, mantiene la vigencia de este programa hasta el 31 de diciembre de 2027. A diferencia de los plazos de diez años establecidos en la ley original y en la prórroga de 2015, esta vez la duración se prolongará por tres periodos más.
Es válido recordar que el Fondo Nacional de Turismo fue establecido por medio de la sanción de la ley 25.997 mientras se desarrollaba la gestión de Néstor Kirchner. La finalidad denunciada en aquel momento fue la de fomentar, desarrollar, promover y regular la actividad turística en el país.
En ese sentido, el Gobierno hizo referencia, en los considerandos del decreto, al texto del primer artículo de aquella normativa que promueve “la determinación de los mecanismos necesarios para la creación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y la optimización de la calidad”.
Con ese objetivo como premisa se decretó que la financiación del programa surgiría del precio que paguen los pasajeros de aerolíneas, empresas marítimas y fluviales por viajes al exterior. El impuesto fue fijado en un 7% de esos valores y es administrado por la Secretaría de Turismo a cargo de Daniel Scioli.
Los fondos disueltos este lunes
Bajo el argumento de la irregularidad en el funcionamiento de las iniciativas financiadas por el Estado, el Gobierno de Javier Milei decidió la disolución de otros tres programas: el Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social y el Fondo Fiduciario de Servicio Universal.
La medida se oficializó por medio del Decreto 6/2025 que lleva la firma del presidente y del ministro de economía, Luis Caputo. La norma publicada este lunes en el Boletín Oficial encomienda la tarea de liquidación de los activos al Ministerio de Economía y se fundamenta en los relevamientos de datos que realizó la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
“No se acreditó la devolución de las sumas aportadas por el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social respecto de obras que se encuentran rescindidas y, por otro lado, en el marco de los programas “Reconstruir” y “Casa Propia” se verificaron obras culminadas que no cuentan con rendición final por parte de los entes ejecutores”, asegura el Ejecutivo entre los considerandos de la disposición.
En cuanto al Fondo Fiduciario del Servicio Universal, el Gobierno aseguró que varios programas asociados no lograron acreditar la necesidad de su continuidad, ya que carecían de la documentación correspondiente. Además, denunciaron la falta de cumplimiento de los objetivos que se tuvieron en vista impulsar la iniciativa.
Distinta fue la argumentación respecto del PRODAF, ya que respecto de este programa, la gestión libertaria afirmó que la auditoría comprobó que se cumplió con la finalidad que se había planteado y, por lo tanto, no hay ración para mantener vigente este fondo.
