La quiebra de la cooperativa fue decretada por el sistema judicial de Santa Fe a finales de abril, lo que dio paso a la primera reunión oficial entre los encargados del proceso y los potenciales compradores en la Casa Central de Sunchales. Durante este encuentro, las autoridades judiciales junto a la administración de Sancor presentaron el estado actual de la empresa, así como los lineamientos para la venta de sus unidades productivas y activos. El objetivo principal es avanzar hacia una solución que contemple tanto los intereses de los acreedores como el impacto social de esta decisión.
Entre los oferentes, según señaló el sindicato Atilra, destacan Savencia, propietaria de Milkaut, Adecoagro, fabricante de Las Tres Niñas, Punta del Agua, Elcor -La Tonadita-, y La Tarantela. También se menciona al empresario Gustavo Scaglione, dueño de Telefe y medios de comunicación en diversas provincias. Se informó que representantes de las cinco firmas estuvieron presentes en la reunión, mientras que Scaglione se ausentó, aunque indicó su intención de presentar una propuesta integral junto a socios extranjeros.
El juez Marcelo Gelcich, encargado del caso, supervisó el encuentro junto a la sindicatura, liderada por el doctor Pacheco Huber, y la coadministradora doctora Lucila Prono. El foco de esta instancia fue informar a los interesados sobre la situación actual de Sancor y el marco normativo para la venta de sus activos.
A mediados de abril, Sancor solicitó la quiebra tras años de crisis financieras que desembocaron en la insolvencia. El proceso de concurso preventivo iniciado en febrero del año pasado no sirvió para revertir la situación y, pocos días después de la solicitud, la Justicia santafesina determinó la quiebra de la cooperativa.
El juez Gelcich calificó el caso como una “quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo”, debido a la imposibilidad de pago. En su fallo, el magistrado subrayó: “La empresa no resulta económicamente viable en el mediano plazo, configurándose un cuadro de insolvencia no susceptible de reversión a través de las herramientas propias del proceso preventivo, lo que refuerza la procedencia de la declaración de quiebra como solución jurídica adecuada”.
El documento judicial indica que la deuda postconcursal impositiva y previsional asciende a 6.349.470.914,68 de capital, además de 12.788.850.187,16 en salarios netos pendientes desde mayo.
