En las mesas de diálogo sobre maíz y trigo, los ministerios de Agricultura y de Desarrollo Productivo, liderados por Luis Basterra y Matías Kulfas, respectivamente, plantearon la opción de facilitar el acceso al crédito para pequeños y medianos productores, mediante la otorgación de garantías parciales o totales que respalden los créditos de entidades financieras dirigidos a quienes demandan trigo y maíz en el mercado interno, ya sea para la cría de ganado o para la producción de alimentos.
Estos créditos, que serían ofrecidos por bancos tanto públicos como privados, contarían con el respaldo del Fondo de Garantías Argentino (Fogar), permitiendo así que los productores no trasladen directamente a los precios finales las posibles alzas en sus costos de producción, lo que les brindaría mayor flexibilidad para enfrentar esos desajustes.
La iniciativa está enfocada especialmente en los criadores de ganado y molinos de trigo, buscando mitigar el aumento de precios en la carne y el pan.
Por otra parte, el Gobierno está solicitando a cada sector un análisis exhaustivo sobre la demanda de granos, con el fin de colaborar con los productores primarios para asegurar precios y cantidades. Por ejemplo, la industria avícola ha indicado que ha logrado superar las dificultades inmediatas, y los molinos confían en que también podrán manejar la situación pronto.
Una medida adicional que se está considerando, aunque aún está en desarrollo, es la posibilidad de ampliar las operaciones de cobertura a través de un mercado de futuros para asegurar volúmenes anuales y precios más bajos.
Asimismo, los representantes del sector agropecuario, organizados en la Mesa del Maíz y la Mesa del Trigo, propusieron al Gobierno la creación de un ‘fondo anticíclico alimentario’, que utilizaría una parte de los ingresos extraordinarios que el Tesoro podría recaudar este año a raíz del inesperado aumento de los precios internacionales de las materias primas, generando así un colchón que permita ‘desacoplar’ los precios internos, un objetivo deseado por la administración para no trasladar el aumento de precios internacionales al mercado local.
Según estimaciones de los actores involucrados en esta propuesta, el Gobierno anticipó que podría recaudar cerca de $ 5835 millones por derechos de exportación durante el año, pero a los precios actuales, dicha cifra superaría los $ 8000 millones. El sector agropecuario espera que parte de este excedente, que superaría los $ 2200 millones, regrese a la actividad, aunque se prevé que ese superávit financie también parte de la importación de insumos necesarios para la industria.
El Gobierno, por el momento, está evitando aumentar las retenciones a los granos para no generar fricciones con el sector agropecuario, lo que podría comprometer una agenda de trabajo que va más allá de la coyuntura actual.
No obstante, la inflación de alimentos preocupa a varios funcionarios, especialmente después de que se conociera que la canasta básica alimentaria, que mide el límite de la indigencia, ha crecido más de 10 puntos por encima de la inflación del 2020, incrementándose en un 45,5%. En un año electoral, y con los ingresos perdiendo frente a la inflación, se anticipan posibles medidas drásticas.
El jueves pasado, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, participó de una reunión del gabinete económico para informar sobre el impacto de las alzas de precios a nivel internacional y las coordinaciones que se están llevando a cabo desde el Gobierno con el sector agroalimentario, para que los alimentos sean ‘razonables para la población’. Basterra reconoció que ‘se están identificando los instrumentos para lograr un desacople de los precios’ y que el Gobierno se esfuerza en implementar acciones ‘con el consenso de todos los actores’.
