El Senado de la Nación se prepara para iniciar, el próximo 5 de agosto, el debate parlamentario del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI). Este proyecto representa la columna vertebral del plan gubernamental para atraer capitales de gran envergadura en sectores de alta complejidad tecnológica y extractiva. La iniciativa se centra en industrias de frontera —como la biotecnología, el desarrollo de semiconductores, inteligencia artificial y el procesamiento avanzado de minerales críticos como litio y uranio—, buscando posicionar a Argentina como un nodo competitivo a nivel global.
La hoja de ruta legislativa ha sido meticulosamente preparada tras semanas de negociación con bloques dialoguistas. Tras obtener la media sanción en Diputados el pasado 24 de junio —con un respaldo de 130 votos a favor—, el oficialismo, bajo la conducción táctica de la titular de la banca oficialista, Patricia Bullrich, confía en la consolidación de los apoyos necesarios. La alianza para asegurar el quórum y la posterior aprobación del dictamen en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión, y Legislación General, incluye una arquitectura de respaldo plural:
Bloques aliados: PRO, Unión Cívica Radical (UCR), Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Innovación Federal y el bloque provincial Por Santa Cruz.
Gestión: El trabajo conjunto de los funcionarios nacionales con estos bloques sugiere una estrategia de “blindaje” político que busca evitar las dilaciones que históricamente han afectado a los proyectos de inversión estratégica en el Senado.
El proyecto se distingue del RIGI estándar por su escala y condiciones de estabilidad. Su diseño busca no solo atraer capital, sino retenerlo mediante garantías de largo plazo:
Umbral de Inversión: Se eleva la vara de entrada a un mínimo de 1.000 millones de dólares, quintuplicando el requisito del RIGI tradicional, enfocándose exclusivamente en actores de gran porte.
Estabilidad Normativa: Ofrece un blindaje fiscal, aduanero y cambiario de 30 años, otorgando la previsibilidad necesaria para proyectos de maduración lenta.
Vigencia del Régimen: Propone un plazo inicial de cinco años, con la opción de una prórroga adicional de un año, garantizando un horizonte claro para la planificación de nuevos proyectos industriales.
El Súper RIGI no es solo una norma fiscal, sino un instrumento de política industrial. Al apuntar a la fabricación de baterías, el desarrollo de vehículos eléctricos, la implementación de energías renovables (paneles solares y turbinas eólicas) y la energía nuclear modular, el Gobierno busca transformar la matriz productiva argentina. Si el Senado logra dictaminar y sancionar esta ley sin modificaciones sustanciales, el Ejecutivo contará con una herramienta clave para convertir el potencial extractivo y tecnológico en una plataforma de exportación de alto valor agregado, fundamental para la recuperación económica en la segunda mitad de 2026.
