El organismo fijó en $11 billones el presupuesto mínimo que considera necesario para las universidades, a lo que sumó otros $7,086 billones destinados a becas, infraestructura y ciencia y técnica. La propuesta fue aprobada el 4 de septiembre durante el 96° Plenario de Rectoras y Rectores realizado en San Carlos de Bariloche.
La presentación ante el Congreso está prevista para este miércoles a las 14.30 en el Anexo A. Allí expondrán el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci; el vicepresidente de la entidad y rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres; la rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Mónica Biasone, y el rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Greco.
Los $11 billones planteados por los rectores fueron calculados como una base de suficiencia para garantizar las principales funciones universitarias durante 2027. El monto contempla salarios y otros gastos de personal, funcionamiento, hospitales universitarios, las Becas Manuel Belgrano y otras partidas consideradas esenciales.
Por fuera de ese presupuesto, el CIN reclama $7,086 billones adicionales. De ese total, $1,913 billones corresponderían a las Becas Progresar, $109.400 millones a infraestructura universitaria y $5,064 billones a ciencia y técnica. La intención de los rectores es que estos recursos sean discutidos de manera diferenciada de los fondos destinados al funcionamiento cotidiano de las instituciones.
El planteo también incluye un reclamo por previsibilidad financiera después de casi dos años de conflicto en torno al financiamiento universitario. Desde el CIN sostienen que el Presupuesto 2027 debería contemplar los recursos establecidos por ley y actualizar las partidas de acuerdo con el índice oficial de inflación.
Frente a esa demanda, el proyecto enviado por el Gobierno a la Cámara de Diputados contempla $7,349 billones para gastos operativos, inversiones y programas especiales de las universidades nacionales. El monto incluye los gastos de personal y equivale al 66,8% de los recursos solicitados por el CIN.
La cifra prevista para 2027 coincide con el monto que las universidades habían planteado inicialmente para 2026, cuando reclamaban $4,8 billones. Sin embargo, para este año se estima que el gasto efectivo llegará a unos $6 billones.
El proyecto oficial también establece nuevas pautas para la presentación y ejecución presupuestaria de las universidades. Cada institución deberá utilizar una clasificación funcional que permita identificar los recursos destinados a educación y cultura, salud, y ciencia, tecnología e innovación. El mismo criterio deberá aplicarse tanto durante la ejecución presupuestaria como en los registros contables.
Además, el artículo 12 fija condiciones para la transferencia de los fondos. Entre ellas contempla controles sobre la información proporcionada por las universidades, la posibilidad de suspender transferencias ante incumplimientos y una base para determinar los aumentos salariales del próximo año a partir de la cantidad de docentes y trabajadores no docentes.
La discusión parlamentaria se desarrolla mientras continúa el conflicto judicial por la Ley 27.795. La Justicia ratificó una medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a aplicar la norma de financiamiento universitario, mientras que la Corte Suprema desestimó el recurso extraordinario presentado por el Gobierno contra esa decisión.
El conflicto se inició después de que el Ejecutivo promulgara la ley y, mediante el Decreto 759/2025, suspendiera su aplicación hasta que el Congreso determinara las partidas necesarias para financiarla. El CIN y distintas universidades recurrieron entonces a la Justicia y obtuvieron una medida cautelar que ordenó avanzar con la actualización establecida por la norma.
En la última resolución sobre el tema, el juez federal Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, rechazó el pedido del Poder Ejecutivo para levantar la cautelar y solicitó un informe documentado sobre el cumplimiento de la ley. La decisión se produjo luego de que la Corte Suprema desestimara el recurso presentado por el Gobierno para frenar la ejecución de la medida.
A la disputa por el financiamiento se suma el conflicto salarial con los gremios universitarios. La última negociación terminó sin acuerdo después de que el Gobierno ofreciera una mejora del 6%, distribuida en dos tramos del 3%. Los sindicatos rechazaron la propuesta y el Ejecutivo convocó a una nueva reunión para el 17 de septiembre, jornada en la que también está previsto un paro docente.
En ese marco, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, sostuvo que el derecho de huelga debe coexistir con el derecho de estudiantes y docentes a concurrir a clases. El funcionario afirmó además que el 43% de los días de clases se perdió por medidas de fuerza y cuestionó la convocatoria a un paro para el mismo día de la negociación salarial.
Álvarez también señaló, en representación de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que el Gobierno informó ante la Justicia que había cumplido con la medida cautelar dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes. Según indicó, los aumentos otorgados, junto con el acuerdo alcanzado el 10 de junio entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y los sindicatos, habían cumplido las metas previstas.
Mientras el Congreso comienza a analizar el Presupuesto 2027, el movimiento estudiantil volvió a manifestarse este martes. La Universidad de Buenos Aires organizó durante la jornada clases magistrales, actividades académicas, proyectos científicos y servicios de salud gratuitos en Plaza de Mayo. La protesta se extendió desde la mañana hasta la medianoche y tuvo como eje el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
El CIN buscará ahora trasladar la discusión al Parlamento. Los rectores convocaron a representantes de los distintos bloques para presentar las planillas y explicar los recursos que consideran necesarios en cada área antes de que comience formalmente el tratamiento del proyecto de Presupuesto.
El antecedente inmediato es el Presupuesto 2026, que había previsto inicialmente $4,8 billones para las universidades, aunque el Congreso terminó aprobando una suma superior. A pesar de esa modificación, las instituciones continuaron reclamando fondos adicionales para afrontar los déficits acumulados y cubrir los costos de funcionamiento.
Durante este año también se modificaron las partidas presupuestarias vigentes. En mayo, el Gobierno redujo aproximadamente $2,5 billones mediante un decreto, mientras que en julio incrementó en $1,32 billones los recursos de la Secretaría de Educación a través del DNU 594. Los cambios se produjeron en paralelo con la disputa por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
