El Gobierno nacional ha marcado en el calendario el 6 de agosto como una fecha decisiva para la agenda económica. En esta jornada, el Senado tratará el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que busca consolidar el modelo de desregulación impulsado por la administración de Javier Milei. Tras el intento fallido de avanzar el pasado 16 de julio —en el marco de la coyuntura del Mundial 2026—, el Ejecutivo ha reconfigurado su estrategia para asegurar la aprobación mediante concesiones tácticas.
La diputada nacional Sabrina Selva ha planteado una dura crítica al modus operandi del oficialismo, calificando el proceso como una “negociación perversa”. Según su análisis, el Gobierno utiliza una herramienta de doble vía para asegurar votos:
Ajuste y compensación: Selva sostiene que el Ejecutivo aplica recortes financieros severos a las provincias, solo para luego ofrecer alivios temporales (“soguitas”) a aquellos gobernadores que accedan a respaldar iniciativas estratégicas.
Transparencia cuestionada: La legisladora asegura que existe una correlación temporal directa entre las transferencias de fondos discrecionales registradas en el Boletín Oficial y los movimientos de apoyo legislativo por parte de senadores y diputados provinciales, sugiriendo un condicionamiento económico de las voluntades políticas.
El dictamen que llegará al recinto incluye modificaciones negociadas por la senadora Patricia Bullrich, orientadas a captar el apoyo de los bloques dialoguistas. A pesar de estos retoques, los nudos críticos del proyecto siguen generando resistencia:
Extranjerización: El límite a la posesión de tierras por parte de ciudadanos o empresas extranjeras continúa siendo el punto de mayor divergencia, con legisladores del PRO, la UCR y bloques federales exigiendo una mayor injerencia provincial en la fiscalización.
Agilización de Desalojos: LLA busca instaurar mecanismos expeditivos para los juicios de desalojo y eliminar restricciones históricas sobre la propiedad, una medida que, según los opositores, podría vulnerar derechos de posesión y seguridad jurídica local.
En paralelo al debate legislativo, la interna del peronismo busca una salida al estancamiento de su agenda. La diputada Selva ha marcado una postura conciliadora hacia el gobernador Axel Kicillof, abogando por resolver las disputas internas en ámbitos privados. Su mensaje es claro: la prioridad del movimiento debe ser la construcción de un proyecto nacional sólido capaz de frenar lo que ella denomina la “entrega de los recursos del país”, en lugar de profundizar las fracturas entre figuras del partido.
