El proyecto, impulsado por el diputado pampeano Martín Ardohain (PRO), presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Cámara de Diputados de la Nación, fue respaldado durante una reunión de ese cuerpo legislativo por representantes del sector agropecuario. La propuesta incorpora los artículos 150 bis y 184 bis y modifica el artículo 209 del Código Penal.
Uno de los principales ejes económicos de la iniciativa es establecer una respuesta penal desde el primer acto ilícito, sin necesidad de esperar a que el hecho derive en un robo, un daño mayor o un ataque contra personas. El planteo parte de que determinadas acciones sobre establecimientos y bienes rurales pueden generar pérdidas sobre el proceso productivo y el capital de trabajo.
El artículo 150 bis propone una pena de prisión de un mes a un año para quien ingrese a un establecimiento rural, terreno o sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo. Esa voluntad se presumirá por la existencia de cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso.
La iniciativa contempla excepciones para los casos en que el ingreso responda a una necesidad justificada, a razones de auxilio o cuando no sea posible distinguir claramente el límite con la vía pública.
El segundo eje está vinculado directamente con los daños económicos a la producción. El artículo 184 bis establece penas de prisión de dos a ocho años y multas de entre tres y 12 veces el valor del daño causado para quienes destruyan intencionalmente cultivos, cosechas, ganado, silobolsas, forrajes o infraestructura esencial para la actividad agropecuaria.
La propuesta incluye específicamente bombas de agua, sistemas de riego, paneles solares y generadores, además de cualquier elemento cuya destrucción afecte de manera directa el ciclo productivo. Las multas, a su vez, quedarían vinculadas con el valor del perjuicio ocasionado, de modo que la sanción tenga relación con la magnitud de la pérdida.
Durante el debate se utilizó como antecedente la destrucción, en marzo de 2023, de silobolsas pertenecientes a una cooperativa, un hecho que comprometió unas 10.000 toneladas de trigo. El caso fue presentado como un ejemplo del impacto económico que puede generar un acto de vandalismo sobre la producción.
En ese sentido, se señaló que la destrucción de un silobolsa no representa únicamente la pérdida del elemento utilizado para almacenar granos. También puede afectar una cosecha, el capital de trabajo, el alimento destinado a los animales, el cumplimiento de contratos y la continuidad económica de una explotación.
El proyecto también establece que la pena mínima se duplique cuando el responsable del daño sea funcionario público o se dedique habitualmente a la actividad agropecuaria.
Otro de los puntos de la iniciativa modifica el artículo 209 del Código Penal y eleva a entre dos y seis años de prisión la pena para quien instigue públicamente a cometer un delito. Cuando la instigación se realice a través de medios de comunicación masiva, redes sociales o plataformas digitales, la pena aumentaría en un tercio.
Durante la presentación se remarcó que la propuesta no busca establecer un régimen especial para el sector agropecuario, sino generar herramientas para sancionar hechos que pueden afectar bienes y recursos necesarios para sostener la actividad productiva.
Desde el sector se planteó que los daños sobre establecimientos rurales y bienes vinculados con la producción no impactan solamente sobre los propietarios de esos recursos, sino también sobre el desarrollo de los ciclos productivos, el cumplimiento de compromisos y la continuidad económica de las explotaciones.
Ardohain manifestó su expectativa de que el proyecto avance en el Congreso y señaló que los distintos bloques que participaron de la reunión expresaron su respaldo a la iniciativa. También anticipó que buscará el acompañamiento del Senado para que pueda convertirse en ley.
El proyecto, cuyo autor es Ardohain y cuenta con las firmas de los diputados Cristian Ritondo, Alejandro Finocchiaro, Fernando De Andreis, Martín Yeza, Javier Sánchez Wrba, Antonela Giampieri, Florencia De Sensi, Emmanuel Bianchetti, Alicia Fregonese, Guillermo Agüero, Lisandro Nieri, Eduardo Falcone, Sergio Capozzi y Francisco Morchio, quedó en camino para avanzar hacia un dictamen de comisión.
