Crisis en el Instituto Duayén: la primaria se queda sin alumnos y se evalúa su futuro

“Mi hijo aún lo siente. Perdió su escuela. Perdió a sus amigos”, expresa una madre que prefiere mantenerse en el anonimato. Se refiere al Instituto Duayén, ubicado en Ballivián 2230, Villa Ortúzar, que enfrenta una severa crisis que se manifiesta en su fachada, donde aún se puede leer “Instituto Educacional A-990”, aunque han retirado las letras que conformaban su nombre. Familias y docentes con vínculos a esta institución, que cuenta con 39 años de historia, han reportado salarios impagos, renuncias, la eliminación de actividades escolares y una rápida salida de alumnos. Los directivos admiten las deudas y embargos, pero desmienten cualquier intento de vaciamiento o cierre, argumentando que han heredado una situación financiera comprometida y que su objetivo es revitalizarla. En la actualidad, la primaria no cuenta con estudiantes. Según la dirección, hay 31 chicos en jardín—17 en sala de 5 y 14 en sala de 4—y aproximadamente 30 en toda la secundaria. Julieta recuerda con nostalgia un Duayén diferente, donde su hijo comenzó en sala de 4. Rememora actividades junto a padres y abuelos, enfocadas en la ecología, deportes, arte y natación. “Siempre fue un colegio pequeño y familiar. Todos nos conocíamos”, relata. A partir de finales de 2025, surgieron notificaciones que atribuían las dificultades financieras a la morosidad de algunas familias y se eliminaron diversos descuentos. Al inicio de 2026, siete alumnos no regresaron y otros dos se retiraron en abril, lo que también coincidió con una serie de renuncias de docentes, algunos con más de dos décadas en la institución. Las actividades de natación se suspendieron primero en el colegio y luego también en un natatorio externo. En abril, su hijo se quedó sin maestra; una suplente estuvo brevemente a cargo, y, según cuenta Julieta, luego las clases fueron conducidas por una auxiliar que también daba inglés. Su hijo, afirma, comenzó a regresar a casa con dolores de cabeza y evitaba comer durante algunas noches. Optó por trasladarlo a otra escuela durante las vacaciones de invierno. Aún espera recoger la documentación escolar correspondiente y menciona que hubo reuniones que nunca se concretaron y mensajes que quedaron sin respuesta. Un docente, que solicitó mantener su identidad en reserva, mencionó haber perdido acceso a su correo institucional. Antonio Andrés, representante legal y socio gerente, y Julio César Picardi, socio gerente y administrador, rechazan esta versión y aseguran que han estado disponibles para recibir a los padres. En reseñas de Google Maps, Carmen De Larois, abuela de dos alumnos, comentó que también buscaba otro colegio para sus nietos y que dos docentes se habían ido por falta de pago; Leticia Gómez, madre de un alumno de primer año de secundaria en 2024, advirtió sobre la reducción progresiva de matrícula y sobre cursos que cesaron de funcionar. En medio de la búsqueda de nuevas vacantes, el clima de conflicto se intensificaba entre los trabajadores. Alejandra López, secretaria general de un sindicato docente, confirmó que se han presentado denuncias ante las autoridades laborales y educativas locales. Explicó que los empleadores reconocieron las deudas salariales, pero que los acuerdos para su pago no se cumplieron. “Las primeras alertas comienzan en noviembre de 2025, cuando los docentes comienzan a organizarse y a acercarse al sindicato debido a la falta de pago de sus salarios”, señaló. Se produjeron ceses de actividades y el conflicto fue temporalmente resuelto, aunque los pagos continuaron atrasados. El sindicato indicó que el salario de julio permanece impago, que hay deudas del pasado y que preocupa el pago de agosto. Parte del personal se considera despedido. Un docente del área de Sociales, que prefirió el anonimato, reveló que luego de la pandemia, los retrasos se volvieron comunes y surgieron problemas con las cotizaciones sociales. Al revisar su situación, descubrió períodos sin aportes registrados. También mencionó cursos con pocas inscripciones y algunos con un solo alumno. Este docente comenta que aún se le adeuda el salario de diciembre y el aguinaldo de 2025, no ha recibido nuevos recibos desde entonces y no se le comunicó formalmente su situación laboral. También relata pagos parciales realizados en efectivo y cuentas bancarias que han comenzado a generar gastos de mantenimiento sin tener acreditaciones salariales. Pese a los embargos, muchas familias han logrado pagar las cuotas, que oscilan entre $650.000 y $700.000, en efectivo. Julieta relata que esta opción fue sugerida por maestras y directivos, asegurando que de este modo el dinero llegaría a los trabajadores en lugar de quedar retenido en cuentas embargadas. Las cuentas institucionales de redes sociales no están operativas y los números telefónicos publicados en la web del colegio tampoco responden. Andrés y Picardi recibieron a un medio y expusieron su versión. Reconocen las deudas y embargos, pero cuestionan su origen. Según ellos, fueron llamados en agosto de 2024, cuando la anterior conducción contemplaba el cierre del establecimiento. Realizaron una auditoría, firmaron un preacuerdo en septiembre y formalizaron el cambio de propietarios el 30 de enero de 2025. Sostienen que encontraron deudas fiscales, problemas administrativos y una disminución en la matrícula desde la pandemia. Según Picardi, la documentación mostraba 384 alumnos, pero al asumir, hallaron solo 322, de los cuales 176 contaban con algún tipo de beca. Había alrededor de 130 trabajadores, con solo 44 en secundaria, que apenas tenía 30 alumnos. La nómina salarial ascendía a $135 millones, con una recaudación aproximada de $180 millones, pero con una elevada mora. La administración menciona deudas heredadas que incluyen una intimación de $12 millones por aportes estatales no rendidos y otros $86 millones acumulados entre 2020 y 2024, además de planes de pago con una entidad cobradora. Picardi sitúa un punto crítico en octubre de 2025, con un embargo de cerca de $20 millones por una demanda de una empresa de limpieza. El 1º de diciembre, asegura, esa entidad ejecutó otro embargo sobre cuentas que contenían fondos destinados a salarios y aguinaldos. “Empezamos a entrar en cesación de pagos”, admitió. Los salarios de diciembre, enero y febrero se pagaron de manera parcial, lo que llevó a muchos trabajadores a iniciar acciones legales o a considerarse despedidos. Para marzo, se estimaba que quedaban unos 85 empleados. Nuevas ejecuciones de la entidad cobradora en abril y mayo empeoraron la situación. Respecto a la piscina, explican que un informe recomendó revisar las condiciones estructurales, por lo que suspendieron su uso. Luego pidieron un estudio y en febrero se constató que el espacio no contaba con habilitación. Durante un tiempo, alquilaron otra piscina y micros, hasta que la situación económica lo hizo inviable. Según Picardi, antes del éxodo final, había unos 30 chicos en primaria, pero eventualmente todos fueron retirados. Atribuyen parte de esta situación a rumores sobre el cierre y cuotas impagas. Por su parte, las familias y educadores consultados vinculan la salida a la incertidumbre, la reducción de actividades y conflictos salariales. Según el sindicato, quedarían unos 28 alumnos en el último jardín y alrededor de 30 en quinto año de secundaria, coincidiendo en que la primaria no cuenta con alumnos ni docentes. La controversia se extiende al nombre de la institución. Las fotografías muestran que permanece la identificación “Instituto Educacional A-990”, mientras que debajo son visibles las marcas de las letras que fueron retiradas. Los responsables aseguran que la identificación oficial nunca fue eliminada y solo se sacó el nombre comercial. Inicialmente consideraron renombrarlo como Duayén School, con una oferta acentuada de inglés; sin embargo, actualmente contemplan otra identidad. Picardi menciona una “refundación” que incluiría un polo educativo, terciarios, idiomas y convenios universitarios, con intenciones de atraer matrícula para 2027. El Ministerio de Educación porteño confirmó que la Dirección General de Educación de Gestión Privada está al tanto de la “compleja situación institucional” desde el receso invernal y se pone a disposición de la comunidad para garantizar las trayectorias educativas y brindar orientación a las familias. También comunicó que los directivos del instituto han manifestado su intención de mantenerlo operativo. Se evaluará la situación hacia el final del ciclo lectivo, considerando su evolución y las condiciones institucionales en ese momento, mientras que el Ministerio estará en seguimiento continuo para priorizar la continuidad educativa de los estudiantes.