Fuentes oficiales señalaron que una parte importante de esos recursos estará destinada a la Base Naval Integrada, aunque el decreto correspondiente no establece que la partida deba utilizarse exclusivamente para ese proyecto. Desde el Ministerio de Defensa indicaron que el costo total de la obra podría alcanzar los $400.000 millones y que la inversión se realizará de manera escalonada, aunque todavía no existe una cifra definitiva. Luego de una reunión de Gabinete, el Gobierno también informó que buscará priorizar fondos adicionales para la base en el presupuesto de 2027.
Durante su discurso, Milei vinculó la recuperación de las capacidades militares con una estrategia destinada a reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur y la Antártida. El paquete anunciado incluye recursos para la reconstrucción de la Base Antártica Conjunta Petrel y otras inversiones destinadas a las Fuerzas Armadas. La Base Naval de Ushuaia es considerada estratégica por su ubicación y por el potencial que tendría para mejorar la capacidad logística y operativa argentina en el extremo sur del país.
La primera asignación concreta y rastreable para la obra asciende a $114.732,8 millones y está incluida en el anexo del DNU 867/2026 bajo el concepto de “Adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo”. Sin embargo, esa partida no está reservada exclusivamente para la Base Naval Integrada. El refuerzo presupuestario total para las distintas áreas de Defensa alcanza aproximadamente los $217.954 millones. De ese monto, el Ejército recibió $60.429,5 millones, la Fuerza Aérea $34.156,9 millones, la Armada Argentina $8.115,6 millones y el Estado Mayor Conjunto $519,4 millones.
El proyecto de la Base Naval Integrada de Ushuaia fue lanzado en 2022 durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando Jorge Taiana estaba al frente del Ministerio de Defensa. Para diciembre de 2023, la obra había alcanzado un avance del 9,13% y posteriormente quedó prácticamente paralizada. Hasta agosto de 2025 no se habían registrado nuevos avances significativos. La primera etapa había demandado unos $25.000 millones e incluía instalaciones navales, un muelle, talleres, depósitos, viviendas y otras capacidades logísticas destinadas a facilitar las operaciones hacia el Atlántico Sur y la Antártida.
El Gobierno también descartó, al menos por ahora, que la finalización de la base vaya a financiarse con recursos provenientes de Estados Unidos. Los rumores sobre un eventual aporte estadounidense habían surgido después de que Milei visitara Ushuaia junto a la entonces jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson. Sin embargo, desde el Ejecutivo señalaron que la obra será financiada exclusivamente con recursos nacionales.
En paralelo, la administración de Milei anunció procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas vinculadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos alrededor de las Islas Malvinas. La medida, instruida por el Presidente y ejecutada por la Cancillería, se encuadra en la Ley 26.659, que establece sanciones para quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin autorización de las autoridades nacionales. Las sanciones pueden incluir inhabilitaciones de entre cinco y veinte años.
Uno de los principales proyectos alcanzados por esta ofensiva es el yacimiento Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas y operado por la empresa israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% del proyecto, junto con la británica Rockhopper Exploration, propietaria del 35% restante. De acuerdo con estimaciones difundidas públicamente, el yacimiento podría contener alrededor de 1.700 millones de barriles de petróleo y las compañías proyectan comenzar la producción en 2028.
La decisión argentina no implica que las empresas hayan reconocido la jurisdicción nacional. Tanto Navitas como Rockhopper sostienen que sus licencias fueron otorgadas legalmente por las autoridades de las islas y cuentan con el respaldo del Reino Unido, por lo que consideran legítimas sus actividades. Argentina, en cambio, mantiene su posición de que esas operaciones se desarrollan sobre un territorio cuya soberanía reclama y, por lo tanto, carecen de autorización argentina.
De hecho, Argentina ya había declarado ilegal la actividad de Navitas y la había inhabilitado durante 20 años para desarrollar actividades en territorio argentino. A pesar de esa decisión, la compañía continuó adelante con su proyecto de explotación petrolera en el área de las Islas Malvinas.
