La audiencia comenzará a las 9:30 en los tribunales de Comodoro Py. Antes de que los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg definan el resultado del proceso, los acusados tendrán la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras. Luego, el tribunal determinará el momento en que comunicará el veredicto.
La Fiscalía pidió penas de hasta seis años de prisión para algunos de los acusados y solicitó que todos sean considerados responsables del delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. Para Sergio y Pablo Schoklender, Julio De Vido, José López y Abel Fatala reclamó seis años de prisión, mientras que para Daniel Nasif, Silvia Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin solicitó cuatro años.
En el caso de los exfuncionarios, además, se requirió la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La acusación también contempla el decomiso de bienes por $206 millones, cifra que, según la investigación, corresponde a fondos que habrían sido desviados del programa. La pretensión fiscal es que ese monto sea actualizado por inflación en caso de que la sentencia quede firme y que los recursos sean destinados a proyectos de vivienda social.
El expediente analiza el destino de los fondos que el gobierno de Cristina Kirchner giró entre 2008 y 2011 a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para llevar adelante el programa de construcción de viviendas. En ese período se transfirieron cerca de $900 millones para el desarrollo de Sueños Compartidos.
La investigación sostiene que alrededor de $206 millones habrían sido desviados. Una parte de ese dinero, de acuerdo con la acusación, habría terminado en empresas vinculadas con los hermanos Schoklender, quienes estaban a cargo del programa como sus apoderados.
Las obras se proyectaron y ejecutaron en distintos puntos del país, entre ellos la ciudad de Buenos Aires, Santiago del Estero, Rosario y Ezeiza. Sin embargo, una parte de las viviendas quedó inconclusa y también se registraron trabajadores que no habrían cobrado sus salarios ni recibido los aportes correspondientes.
Además de De Vido, quien era ministro de Planificación Federal, y López, entonces secretario de Obras Públicas, el proceso alcanza a otros exfuncionarios nacionales y a autoridades vinculadas con el área de vivienda de Santiago del Estero. El objetivo de la investigación es determinar qué responsabilidad tuvo cada uno en la administración y utilización de los recursos.
Durante el juicio, la acusación sostuvo que existió una coordinación entre funcionarios nacionales y los responsables del programa. Según esa hipótesis, los hermanos Schoklender habrían obtenido contratos directos para la realización de obras y parte de los recursos recibidos habría sido desviada.
Las defensas, por su parte, reclamaron la absolución de los nueve acusados. Uno de los principales argumentos planteados fue que la causa habría prescripto y que, por ese motivo, no correspondería dictar una condena.
Después de seis meses de debate oral, los jueces deberán analizar las posiciones de las partes y determinar si los hechos investigados fueron acreditados. En caso de una sentencia condenatoria, también deberán establecer el grado de responsabilidad que corresponde a cada uno de los acusados.
El expediente tiene además una segunda etapa vinculada con una investigación por presunto lavado de dinero. Esa instancia busca reconstruir el recorrido que habrían seguido los fondos presuntamente desviados y determinar su posible vinculación con empresas relacionadas con los hermanos Schoklender.
