El principal punto de discusión está relacionado con el río Atuel, cuya condición interprovincial es utilizada por La Pampa como uno de los argumentos para reclamar participación en las regalías. Mendoza, en cambio, sostiene que el carácter compartido del recurso hídrico no modifica la jurisdicción sobre la central hidroeléctrica.
Cornejo planteó que la generación de energía en Los Nihuiles depende no solamente del agua del río, sino también de la pendiente y de la infraestructura necesaria para producir electricidad, elementos que se encuentran dentro del territorio mendocino. Según sostuvo, la legislación vigente, la jurisprudencia y los dictámenes de la Procuración del Tesoro respaldan que las regalías sean percibidas por la provincia donde está ubicada la fuente hidroeléctrica.
El gobernador mendocino también cuestionó la estrategia de La Pampa de recurrir a la Justicia en las controversias relacionadas con el aprovechamiento del río y sostuvo que Mendoza viene destinando recursos a obras para mejorar el uso de sus recursos hídricos y la infraestructura asociada.
Desde La Pampa, en cambio, Ziliotto reclamó que la distribución de los recursos se ajuste a las normas, acuerdos y decisiones judiciales vigentes. En particular, hizo referencia al pacto firmado en 1992 y homologado por la Corte Suprema de Justicia, que, según su interpretación, reconoce a la provincia el derecho a recibir regalías provenientes de Los Nihuiles.
El conflicto económico por los recursos hidroeléctricos se encuentra además relacionado con otra disputa entre ambas provincias: el uso del río Atuel. Ziliotto recordó que la Corte Suprema estableció en 2020 la obligación de garantizar un ingreso permanente de agua hacia La Pampa.
El gobernador pampeano sostuvo que esa resolución lleva seis años sin cumplirse y vinculó la discusión sobre las regalías con el aprovechamiento general del recurso hídrico. Desde su perspectiva, el carácter interprovincial del río obliga a contemplar los derechos de ambas jurisdicciones.
La posición mendocina separa ambos asuntos. Para Cornejo, una cuestión es la administración y distribución del agua del río Atuel y otra diferente es determinar qué provincia debe percibir los recursos derivados de la generación hidroeléctrica en una instalación ubicada en Mendoza.
La disputa pone nuevamente en discusión el destino de los recursos económicos generados por la producción hidroeléctrica y el alcance de los derechos de cada provincia sobre un recurso compartido. Mientras Mendoza defiende que las regalías deben quedar en la jurisdicción donde se encuentra la infraestructura energética, La Pampa reclama el cumplimiento de los acuerdos y fallos que considera aplicables al río Atuel y a los beneficios derivados de su aprovechamiento.
