El cuestionamiento apunta al mecanismo establecido sobre el ex Camino Provincial Ruta 87, conocido como Acceso Sánchez, un corredor de 5,1 kilómetros que une la Ruta Nacional 9 con el parque industrial y el Puerto de San Nicolás.
De acuerdo con el planteo realizado, la normativa municipal contempla un cobro de hasta $37.000 por cada pesaje dinámico y suma otros $25.000 para los vehículos que ingresen a predios industriales o playas de estacionamiento mediante un dispositivo electrónico TAG.
La entidad sostiene que, calculado por kilómetro, el costo de este sistema supera en un 120% al correspondiente al peaje del Puente Zárate-Brazo Largo. A esto se agrega una tasa equivalente al 2% del valor de cada litro de combustible, que, según el reclamo, el municipio comenzó a percibir en estaciones de servicio desde enero.
La instalación de los pórticos tecnológicos necesarios para implementar el sistema fue adjudicada por el municipio a Plus Byte S.R.L., mediante la Licitación Pública 3/25.
Desde la entidad empresaria cuestionaron además el posible efecto que tendría la implementación de este tipo de mecanismos en otras jurisdicciones. Su presidente, Cristian Sanz, sostuvo que el esquema podría generar mayores costos para las empresas de transporte, afectar las operaciones vinculadas con el comercio y elevar los costos de las exportaciones.
La organización considera que el mecanismo constituye una doble imposición tributaria y sostiene que resulta contrario a la Constitución Nacional. También argumenta que vulnera disposiciones de la Ley de Coparticipación Federal 23.548 y de la Ley Nacional de Combustibles 23.966.
A partir de estos cuestionamientos, la entidad solicitó al Ministerio de Economía que impulse ante la Justicia una medida cautelar para interrumpir de manera inmediata la aplicación del sistema. También reclamó la derogación de la ordenanza municipal que establece el esquema.
La preocupación se extendió entre empresas de transporte e industrias de la zona. Más de un centenar de firmas manifestaron su posición mediante una presentación dirigida a la entidad empresaria y a la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires.
Según estimaron esas empresas, el costo anual del gravamen podría ubicarse entre $100 millones y $500 millones por compañía, con un impacto sobre sus márgenes operativos y sobre la actividad logística de la región.
Otro de los puntos señalados está relacionado con las consecuencias para los vehículos que no se incorporen al sistema. Las empresas expresaron preocupación ante la posibilidad de que se apliquen multas o incluso decomisos de mercadería.
En su planteo, las compañías advirtieron que el problema excede el costo de la tasa aplicada en Ramallo y señalaron como preocupación la eventual extensión de mecanismos similares a otros municipios. Frente a este escenario, la entidad empresaria reiteró su pedido de suspensión inmediata del sistema y de derogación de la normativa municipal.
