La convocatoria tomó impulso luego de que la Corte Suprema restableciera el artículo 154 del decreto, que había eliminado las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El fallo sorprendió al Gobierno y volvió a instalar el debate sobre la vigencia y legitimidad del megadecreto, que cuenta con 366 artículos.
Entre las principales consecuencias de una eventual derogación aparece la restitución de la Ley de Alquileres, eliminada por el DNU 70 al comienzo de la gestión. En ese caso, volverían a regir los plazos mínimos de tres años y los mecanismos de actualización semestral vinculados al índice Casa Propia. También se recuperarían los controles sobre los precios de las empresas de medicina prepaga, que antes debían solicitar autorización del Gobierno para aplicar aumentos.
El decreto también estableció la transformación de las empresas y sociedades con participación estatal en sociedades anónimas “para su posterior privatización”, según explicó Milei al presentar las medidas. Si la norma fuera derogada, ese proceso quedaría sin efecto y volverían a regir las figuras jurídicas anteriores, como las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado y las Sociedades de Economía Mixta. En paralelo, se restablecería la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP).
Otra de las disposiciones alcanzadas sería la que habilitó la cesión total o parcial del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas a sus trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada. Con la derogación, esa habilitación legal desaparecería y se dificultarían eventuales procesos de privatización o transferencia de la compañía.
También volverían a estar vigentes la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas, dos herramientas de intervención estatal que habían sido eliminadas por el DNU. La primera permite al Estado regular precios, márgenes de ganancia y condiciones de comercialización ante situaciones de desabastecimiento o especulación, mientras que la segunda establece obligaciones para los supermercados respecto de la exhibición de productos de pequeñas y medianas empresas y la presentación clara de los precios.
En el sector tecnológico, el DNU 70 había desregulado los servicios de internet satelital y permitido la expansión de operadores como Starlink en el país. Una eventual derogación abriría un escenario de incertidumbre jurídica sobre ese marco y las condiciones bajo las cuales operan esas empresas.
La Ley de Compre Nacional también recuperaría su vigencia. La norma establece preferencias para bienes y servicios de origen argentino en licitaciones y contrataciones del sector público y había sido derogada como parte de la política de apertura al comercio exterior impulsada por el Gobierno.
En materia de transporte, el DNU incorporó medidas vinculadas con la liberalización del mercado aéreo y la política de cielos abiertos. Su derogación podría modificar las condiciones actuales de operación de las aerolíneas en los mercados doméstico e internacional, aunque el alcance concreto dependería de la interpretación jurídica y de eventuales medidas cautelares.
El comercio exterior también se vería afectado. El megadecreto eliminó el registro obligatorio para quienes quisieran exportar o importar y quitó al Poder Ejecutivo la facultad de imponer restricciones a esas actividades por motivos económicos. Si el DNU fuera derogado, esas atribuciones volverían a formar parte del marco legal.
Otro organismo alcanzado por el decreto fue el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que fue disuelto por el DNU 70. Su eventual restauración podría generar nuevas presiones desde Misiones, donde legisladores ya manifestaron incentivos para acompañar la derogación.
Mientras la oposición busca reunir los apoyos necesarios, el Gobierno considera que no alcanzará el quórum de 129 diputados requerido para iniciar la sesión y trabaja en alternativas para contener el avance de la iniciativa. Entre las opciones que analiza el oficialismo aparece la incorporación de un nuevo capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros en el proyecto de Ley de Soberanía Nacional, que comenzó a discutirse en comisión esta semana.
En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, viajó a Francia junto a Milei para reunirse con gobernadores afines y avanzar en acuerdos electorales que permitan reunir los votos necesarios para impedir la sesión.
El oficialismo también regresó de París con expectativas sobre otro de sus objetivos políticos: la eliminación de las PASO. Luego de las reuniones con 13 gobernadores durante la Argentina Week, desde La Libertad Avanza aseguran contar con los votos para avanzar con la reforma. Según el entorno de Karina Milei, uno de los acuerdos alcanzados consiste en no presentar candidatos libertarios en las provincias a cambio del respaldo de los gobernadores al proyecto.
