Durante el inicio de las audiencias ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Hamburgo, presidido por Maurice Kamga, la representación británica rechazó la jurisdicción del organismo para intervenir en la controversia y justificó la continuidad de las prospecciones energéticas sosteniendo el derecho fundamental a la libre determinación de los habitantes de las islas. Según los argumentos presentados por la defensa del gobierno británico y respaldados por declaraciones de la fiscal general Ellie Reeves, el dictado de medidas cautelares generaría consecuencias económicas adversas para la población local e impactaría sobre las empresas licenciatarias, las cuales ejecutaron inversiones millonarias bajo estándares ambientales y la legislación vigente. En simultáneo al desarrollo de los alegatos en Alemania, la realeza británica —a través de la princesa Ana— realizó un desplazamiento institucional por las Islas Malvinas y Georgias del Sur.
Por su parte, la delegación argentina, encabezada por la secretaria de Legal y Técnica María Ibarzabal e integrada por el consejero legal de la Cancillería, el embajador Mario Oyarzábal, y el letrado internacional Marcelo Kohen, fundamentó la necesidad de suspender las actividades unilaterales basándose en precedentes del propio tribunal internacional, tales como las resoluciones dictadas en el diferendo marítimo entre Ghana y Costa de Marfil donde se fijaron cautelares para evitar nuevas perforaciones en zonas en litigio. Para la sustanciación del proceso, el Reino Unido designó como juez ad hoc al catedrático Vaughan Lowe, mientras que la representación argentina nombró a Raúl Vinuesa en reemplazo de la magistrada argentina Frida Armas Pfirter, quien se excusó de intervenir debido a sus antecedentes técnicos en el área.
El requerimiento promovido por la administración del presidente Javier Milei —que contó con pronunciamientos públicos del canciller Pablo Quirno reafirmando la postura soberana— no solicita una resolución sobre el fondo de la soberanía o la delimitación territorial, sino que exige el dictado de cuatro medidas cautelares concretas en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR):
- Paralización de explotaciones: Ordenar la suspensión inmediata del proyecto petrolero Sea Lion —cuya inicio operativo está proyectado entre 2027 y 2028 a cargo de las firmas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum sobre una reserva estimada en 1.700 millones de barriles— e impedir nuevos trabajos en la Cuenca Malvinas Norte.
- Resguardo de información técnica: Restringir el uso o transferencia a terceros de la información geológica y de prospección obtenida en la plataforma continental disputada.
- Protección del medio marino: Garantizar que el accionar unilateral no impida el cumplimiento de las obligaciones de preservación ambiental a cargo del Estado argentino.
- Cese de acciones unilaterales: Exigir la abstención de cualquier medida que agrave el diferendo, en particular el otorgamiento de nuevas licencias de exploración o explotación.
El planteo jurídico busca congelar las intervenciones económicas en la zona a la espera de una resolución definitiva sobre la controversia entre ambas naciones, cuyo antecedente bélico se remonta al conflicto armado de 1982.
