En su exposición final, el jurista argentino Marcelo Gustavo Kohen recordó que las Malvinas continúan incluidas en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas, sujetos a un proceso de descolonización. En ese sentido, señaló que la Asamblea General y el Comité de Descolonización del organismo internacional tienen la responsabilidad de supervisar ese proceso y establecer las condiciones para su desarrollo.
La representación argentina sostuvo que el conflicto no se limita a la soberanía sobre el archipiélago, sino que también comprende los espacios marítimos circundantes. Como fundamento de su posición, invocó la resolución 31/49 de la ONU, que insta a las partes a evitar decisiones unilaterales mientras continúe vigente la disputa.
Kohen también cuestionó que la representación británica no hiciera referencia a la existencia de la controversia durante sus exposiciones. Para describir esa situación utilizó la expresión «el elefante en la habitación» y agregó, en tono irónico, que la delegación del Reino Unido tampoco parecía advertir «la ballena en la bañera».
Uno de los principales argumentos argentinos estuvo centrado en la urgencia de detener el proyecto petrolero Sea Lion, cuya inversión final recibió aprobación en 2025. La iniciativa está a cargo de la empresa israelí Navitas, con una participación del 65%, y de la británica Rockhopper, que posee el 35% restante.
El plan contempla la extracción de más de 300 millones de barriles de petróleo durante un período de 30 años. Para concretarlo, prevé la perforación de hasta 26 pozos y la instalación de un sistema integral de producción sobre el lecho marino.
Durante las audiencias, el jurista neerlandés Nicolaas Jan Schrijver advirtió que el comienzo de las perforaciones podría modificar de manera irreversible la situación actual. Según explicó, una vez que se ponga en funcionamiento el primer pozo de explotación, ya no existirá un escenario que permita preservar el statu quo.
También sostuvo que la extracción de petróleo produciría consecuencias que no podrían revertirse mediante una resolución judicial posterior. Entre los argumentos expuestos mencionó la modificación permanente de la plataforma continental y la imposibilidad de devolver al yacimiento los recursos que hayan sido extraídos.
En ese contexto, Schrijver afirmó que el Tribunal del Mar es la instancia que todavía puede intervenir antes de que comiencen las operaciones. Advirtió que, si no se adoptan medidas en esta etapa, podría no existir otra oportunidad para evitar los efectos que la Argentina considera irreparables.
Por su parte, el asesor legal de la Cancillería, Mario Oyarzábal, ratificó la disposición del país a retomar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido para resolver todos los aspectos de la controversia. La postura argentina, señaló, se mantiene en línea con las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La delegación solicitó al tribunal cuatro medidas concretas: impedir el inicio o la continuidad de las actividades de explotación de hidrocarburos en las costas de las Malvinas a través del proyecto Sea Lion; prohibir la utilización de información obtenida mediante la exploración de recursos naturales; garantizar la participación argentina en las tareas de protección y preservación del medio marino en disputa; y exigir al Reino Unido que se abstenga de adoptar nuevas decisiones que puedan agravar el conflicto.
Con las audiencias finalizadas, ahora resta que los jueces del TIDM analicen los planteos y emitan una resolución. El tribunal no cuenta con un plazo establecido para pronunciarse. Como antecedente, en el caso de la Fragata Libertad, la decisión se conoció aproximadamente tres semanas después de las presentaciones.
