Un análisis de 19 variables elaborado a partir de datos oficiales muestra que, al comparar 2023 con el primer semestre de 2026, siete indicadores mejoraron respecto de la gestión de Alberto Fernández, 11 empeoraron y uno permaneció sin cambios. Si se toma el promedio de 2025 en lugar del primer semestre de este año, el resultado es similar: siete variables registraron avances, nueve retrocesos y tres no tuvieron modificaciones.
La evolución de estos datos también comienza a ser relevante para los inversores, que seguirán atentos a las señales económicas y sociales de cara a las elecciones presidenciales de octubre de 2027, en las que Milei buscará renovar su mandato.
En el mercado laboral, varios indicadores muestran un retroceso respecto de 2023. La desocupación pasó del 6,1% al 7,8%, mientras que la subocupación aumentó del 10,2% al 11,1%. También creció la proporción de trabajadores por cuenta propia en relación con los asalariados, del 22,1% al 24,2%, y la cantidad de ocupados que buscan un segundo empleo, del 16,4% al 17,2%. La tasa de empleo descendió del 45,2% al 44,8%, y el trabajo no registrado avanzó del 36,3% al 37,9%.
Las dificultades para sostener los gastos cotidianos también se profundizaron. Cada vez más hogares recurren a distintas alternativas para completar sus ingresos mensuales, una situación que el Presidente comenzó a reconocer bajo el concepto de “privaciones”.
El uso de ahorros para llegar a fin de mes pasó del 32% de la población en 2023 al 36,2% en el primer semestre de 2026. El endeudamiento con familiares o entidades financieras aumentó del 20,7% al 25,1%. En particular, la proporción de personas que tomó créditos con bancos o financieras se duplicó, del 10,1% al 20,8%. También crecieron quienes vendieron pertenencias para cubrir gastos, del 8,1% al 9,8%, y quienes necesitaron asistencia estatal, del 12,3% al 13,8%.
En contrapartida, los ingresos laborales medidos en términos reales mostraron avances. La remuneración promedio de la ocupación principal pasó de $1.007.000 en 2023 a $1.104.000. Entre los asalariados registrados, el ingreso aumentó de $1.318.000 a $1.375.000, mientras que entre los no registrados pasó de $586.000 a $731.000. Los trabajadores independientes también registraron una mejora, con ingresos que avanzaron de $286.000 a $305.000.
Pese a la recuperación de los salarios, la distribución del ingreso no presentó mejoras significativas. El coeficiente de Gini pasó de 0,430 a 0,440, lo que indica un leve aumento de la desigualdad. El índice se mide entre cero y uno: cuanto más cerca está de cero, mayor es la igualdad en la distribución de los ingresos.
Los indicadores oficiales también reflejan una reducción de la pobreza y la indigencia. La pobreza descendió del 40,9% registrado al cierre del gobierno de Fernández al 32,3%, mientras que la indigencia pasó del 10,6% al 7,5%. Estos datos respaldan uno de los principales argumentos del Gobierno sobre la mejora de las condiciones económicas desde el inicio de su gestión.
Sin embargo, el costo de los servicios públicos continúa presionando sobre los presupuestos familiares. En noviembre, una canasta de servicios para un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), sin subsidios, alcanzó los $291.247 mensuales. El monto subió un 0,8% respecto de octubre y acumuló un incremento interanual del 67% frente a noviembre de 2025.
Las subas en el transporte y la electricidad explicaron principalmente el aumento mensual, según un reporte sobre tarifas y subsidios elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET.
El gasto en servicios públicos representó el 14% de un salario promedio registrado, calculado en $2.103.942. Con ese ingreso, un hogar podía cubrir 7,2 canastas de servicios, frente a las 9,2 que podía pagar en noviembre del año pasado. La pérdida de capacidad de pago refleja el peso creciente de las tarifas sobre los ingresos, incluso en un contexto de recuperación de algunos indicadores económicos.