Los expedientes se tramitan de manera conjunta por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal y tienen como eje dos empresas vinculadas al grupo familiar. Los Sauces, dedicada al negocio inmobiliario, tuvo entre sus principales inquilinos a Lázaro Báez y Cristóbal López, cuyos contratos representaron el 88% de su facturación. Por su parte, Hotesur era propietaria del hotel Alto Calafate.
La acusación sostiene que ambas firmas habrían sido utilizadas como instrumentos para canalizar y dar apariencia de legalidad a fondos de origen ilícito. En esta etapa del debate se leen los requerimientos de elevación a juicio, documentos que detallan los hechos investigados, las conductas atribuidas a los imputados y los delitos por los que deberán responder ante el tribunal.
La UIF recordó que la investigación comenzó el 4 de abril de 2016, luego de una denuncia presentada por la entonces diputada Margarita Stolbizer. Según el organismo, la pesquisa permitió identificar una presunta organización surgida de un acuerdo entre los expresidentes, su grupo familiar, empresarios beneficiados con contratos estatales y otras personas de confianza.
En el requerimiento, la querella afirmó que la estructura habría funcionado de manera ininterrumpida entre el 8 de mayo de 2003 y el 14 de diciembre de 2016. También sostuvo que sus integrantes tenían funciones diferenciadas dentro y fuera de la administración pública y que el objetivo era sustraer y apropiarse ilegítimamente de importantes sumas de dinero provenientes del Estado.
Entre las personas señaladas en la presentación figuran Néstor y Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y empresarios vinculados con los expresidentes, como Lázaro Báez, Carlos Sancho y Osvaldo Sanfelice. La enumeración también incluye al contador Víctor Manzanares, a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, y a Romina Mercado, sobrina de la expareja presidencial.
Además, la UIF mencionó a Martín Báez y Emilio Carlos Martín, integrantes del Grupo Báez, y a los escribanos Jorge Ludueña y Leandro Albornoz. Según la acusación, cada uno habría desempeñado distintas funciones dentro del esquema investigado.
El organismo planteó que la presunta organización operaba mediante una estructura societaria, contable y legal diseñada para incorporar fondos públicos al patrimonio de los expresidentes y de su núcleo familiar, simulando un origen lícito. La exposición de la querella forma parte de las presentaciones que se incorporan al debate antes de avanzar con las siguientes etapas del juicio.
