Tras meses de especulación, el Gobierno finalmente decidió renovar los contratos de los 40 mil empleados públicos que trabajan en la administración nacional bajo contrataciones temporales que vencían a fin de año. Sin embargo, la prórroga fue solo por 3 meses y se prevé que sea la última.
Desde su llegada al Ejecutivo, la gestión de Javier Milei viene renovando cada tres meses los contratos precarios de aquellos trabajadores que no integran la planta permanente estatal, hasta definir qué mpleados mantendrían su puesto y cuáles serían despedidos. A lo largo de ese primer año de Gobierno, cerca de 36.000 trabajadores fueron desvinculados como parte del ajuste fiscal entre la administración nacional centralizada y descentralizada.
Sin embargo, unos 40.000 empleados continúan contratados bajo el artículo 9° de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional, que establece regimenes por un tiempo determinado por servicios transitorios o estacionales. A todos se les venció su convenio el último día del 2024, pero en las distintas dependencias se están firmando renovaciones por otros tres meses.
El objetivo de la prórroga es esperar hasta fines de marzo para que los empleados puedan realizar el examen de idoneidad que estableció la cartera de Desregulación y Transformación del Estado que comanda Federico Sturzenegger, el cual determinará si están habilitados para pasar a un régimen de mayor estabilidad.
Además de aprobar la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, que consiste en un cuestionario dividido en las categorías de comprensión lectora, razonamiento lógico matemático y administración pública, los empleados necesitarán el aval de sus jefes, que deben confirmar que la persona cumple una función necesaria para el área.
A estas medidas se suman los recientes decretos del Ejecutivo para congelar la planta de la administración nacional y limitar el ingreso de personal nuevo al sector público. Con la firma de Javier Milei y Federico Sturzenegger, los decretos 1148/24 y 1149/24 establecieron que “las entidades del Sector Público Nacional no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza”. Esa prohibición abarca a las designaciones en las plantas transitoria, las contrataciones bajo el paraguas del “artículo 9°” y las contrataciones para la prestación de servicios profesionales autónomos.
La reglamentación permitía excepcionalmente prorrogar las designaciones transitorias y de contratos firmados el año pasado. Sin embargo, la normativa también dispuso que cualquier alta nueva excepcional en un organismo público debía estar respaldada por la baja de tres empleados “cualquiera fuera la causal, producidas a partir de una renuncia, jubilación o desvinculación”, en un sistema que se dio a conocer como el 3×1.
A su vez, el decreto 1149/24 estableció que a partir del 1 de marzo de 2025 quienes aspiren a ingresar al sector público deberán aprobar el examen de idoneidad implementado previamente para los empleados existentes, lo cual también rige para las empresas con mayoría accionaria estatal.
