La exdiputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió presentó este martes un Amicus Curiae ante el Juzgado 2 de La Plata, en el que sostiene que el decreto de Javier Milei para nombrar a los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema es “inconstitucional” y “nulo de nulidad absoluta e insanable”.
Un Amicus Curiae, del latín “amigo de la corte”, es una figura jurídica que le permite a una persona, grupo u organización ofrecer opiniones o información relevante en un caso judicial, a pesar de no ser una de las partes involucradas. El objetivo de la referente política, en este caso, sería ayudar al tribunal a tomar una decisión más informada sobre la polémica cripto.
Cabe recordar que “Lilita” se graduó de abogada en la Universidad Nacional del Nordeste en el año 1978 e hizo estudios de doctorado en Derecho Público en la Universidad Nacional del Litoral, aunque aún debe la tesis.
El Amicus Curiae presentado por Carrió
Carrió afirma que “la designación realizada por decreto viola de manera directa la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional y los principios esenciales del sistema republicano, como la independencia judicial y la división de poderes”.
“La Constitución establece un procedimiento especial y reforzado para designar a los jueces de la Corte Suprema, que exige acuerdo del Senado por dos tercios de los miembros presentes en sesión pública. En cambio, Milei usó una norma excepcional que permite cubrir provisoriamente otros cargos, como embajadores o jefes militares, solo cuando la vacante ocurre durante el receso legislativo”, afirma la dirigente de la Coalición Cívica.
Es por esto que no es aplicable a la Corte Suprema, cuyos miembros deben ser designados mediante el procedimiento constitucional específico. De este modo, también se advirtió que los antecedentes citados en el decreto presidencial son anteriores a la reforma de 1994, salvo el caso de los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, quienes asumieron luego de recibir el acuerdo del Senado bajo la presidencia de Mauricio Macri.
“La interpretación de la Constitución Nacional debe ser armónica, donde las normas no se contradicen, sino que se complementan. La Reforma Constitucional de 1994 reforzó la independencia del Poder Judicial, limitó la discrecionalidad presidencial en la designación de magistrados, creó el Consejo de la Magistratura y otorgó jerarquía constitucional a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, que garantizan el derecho a ser juzgado por jueces independientes e imparciales”, indicó.
Así, manifestó: “Por tanto, cualquier interpretación debe hacerse a la luz de ese nuevo marco constitucional, que impide utilizar ese mecanismo para nombrar jueces de la Corte Suprema”. Además, señaló: “La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado como inconstitucionales a mecanismos similares en fallos denominados ‘Aparicio’ y ‘Uriarte’, reafirmando que la independencia judicial no admite grados ni excepciones”.
La situación de Lijo y García Mansilla
Entre tanto, los magistrados no tienen sus bancas aseguradas en el máximo tribunal. Rechazado el pedido de licencia que pidió Lijo a su cargo cargo en la Justicia Federal, se rehusó a dejarlo y ahora su futuro, junto al de García Mansilla, está ligado al Senado. No obstante, parecerían no tener el apoyo suficiente en el Cuerpo para prosperar.
Desde los más críticos del kirchnerismo hasta los más dialoguistas del macrismo parecen tener las mismas dudas sobre esta decisión oficialista, y aunque cada espacio teje su propia brecha, la negativa podría ser contundente y comienzan las negociaciones.
El catedrático fue incorporado a la Corte, donde ejerce sus funciones mientras esperan a que el Senado defina si hará o no una sesión especial en los próximos días para votar los pliegos de ambos. Pero Lijo aún no pudo iniciarse, justamente por negarse a dejar su cargo como juez federal.
García Mansilla, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz fueron los que rechazaron el pedido de licencia de Lijo para comenzar a ejercer. Ricardo Lorenzetti fue el único a favor de tomarle juramento y de los principales impulsores para que ocupe el cargo. Ambos jueces deberán afrontar una posible sesión en el Senado la próxima semana, donde se debatirán sus futuros.
