El Gobierno nacional apeló el fallo de la jueza de Nueva York Loretta Preska que obliga a la Argentina a transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos buitres que ganaron el juicio por la expropiación de la petrolera de bandera.
El lunes pasado los litigantes Burford Capital, que compró los derechos de litigio del Grupo Petersen Energía e IEASA (ex Enarsa), y Eton Park Capital Management, pidieron por escrito la ejecución de la sentencia, que busca cobrar una indemnización de u$s16.099 millones en acciones Clase D de la compañía privada de mayoría de estatal. Ya intentaron cobrarse con activos del Banco Nación, Aerolíneas Argetinas y hasta el Banco Central, pero no lo lograron.
En esos escritos, Eton Park incorporó una transcripción traducida de una reciente conferencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof, donde justificó las razones de la expropiación impulsada en 2012 por la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
En respuesta a esa presentación de los fondos, los abogados estadounidenses del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP contratado por la Procuración del Tesoro -hoy a cargo de Santiago María Castro Videla- respondieron con los principales argumentos esgrimidos por la Argentina, que rechazan el fallo de Preska.
Según comentaron fuentes ligadas al caso, los estrategas del estudio apelaron sin aguardar por una definición de Loretta Preska sobre el pedido de “stay” realizado anteriormente. Esta apelación se espera para los próximos 15 días, no ahora.
YPF no forma parte del juicio, ni del proceso en el Segundo Distrito judicial de Nueva York, sino que es uno de los “botines” del pleito entre privados y el Estado nacional. YPF no tiene abogados trabajando en el caso, ni forma parte de las negociaciones ni presentaciones oficiales.
De hecho, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, se mantuvo al margen del pleito. “Yo soy ejecutivo, empleado de YPF, y Burford hizo un juicio a YPF y al Estado Nacional. La jueza Preska falló a favor de YPF, falló en contra de la República. No puedo opinar”, apuntó.
Los motivos del rechazo de Argentina a la sentencia de Loretta Preska
En el caso Eton Park, los abogados del Estado hablaron de “la naturaleza excepcional y cuestiones legales sin resolver” y destacaron que se trata de un caso sin precedentes, con un fallo en apelación y fundamentos jurídicos complejos. “Incluso el gobierno de Estados Unidos ha manifestado diferencias con la interpretación del tribunal”, destacan.
El temor del gobierno de EEUU es que el cumplimiento de un embargo forzado de empresas argentinas abra una jurisprudencia internacional que viole las leyes estadounidenses, porque al mismo tiempo permitiría -en un futuro hipotetético- que haya algún tipo de reciprocidad y que la Argentina pueda hacer lo mismo -quedarse forzadamente- con alguna empresa o un activo soberano de EEUU.
Otro argumento es el daño irreparable e imposibilidad de cumplimiento legal, ya que ejecutar el “turnover” forzaría a la Argentina a violar su legislación nacional y a perder el control estatal sobre YPF de manera irreversible. Como dijo Kicillof, las acciones de YPF “sólo se pueden entregar por una ley votada por dos tercios del Congreso” como lo establece la ley que se aprobó en 2012 por amplia mayoría parlamentaria.
Por último, se esgrimió la ausencia de perjuicio para los demandantes e interés público. Según la defensa argentina, no existe daño concreto si se suspende la ejecución, dado que la legislación local impide la venta de acciones sin aval legislativo. Además, avanzar con la orden afectaría a terceros no involucrados -como provincias y bonistas- y podría activar cláusulas perjudiciales para YPF.
En paralelo y por el otro juicio perdido por la deuda en default del 2001 (llamado el caso Bainbridge), los abogados de Argentina advirtieron una violación del derecho argentino ya que transferir las acciones implicaría incumplir la Ley 26.741, que consagra el dominio público sobre los recursos hidrocarburíferos. En este segundo caso la magistrada también ordenó entregar acciones de YPF como resarcimiento.
Sin embargo, los defensores también advirtieron que no existen antecedentes jurisprudenciales que avalen ejecutar activos de otro Estado en EEUU en las condiciones que propone la orden de la jueza Preska, “lo que refuerza las chances de revertir el fallo”, completan.
