La presentación fue respaldada por el embajador Mario Oyarzábal, representante argentino ante el tribunal, y elaborada con la participación de la Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, y la Secretaría Legal y Técnica, conducida por María Ibarzabal. Entre los pedidos se incluye que el Reino Unido impida el inicio o la continuidad de la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental de la Cuenca Norte de Malvinas y que no utilice información obtenida durante la exploración de los recursos naturales de las áreas marítimas en disputa en perjuicio de los derechos argentinos.
Uno de los principales fundamentos del reclamo es la obligación de proteger el medio marino establecida en los artículos 192 y 194 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Argentina sostiene que el Reino Unido obstaculiza el cumplimiento de esos compromisos al avanzar unilateralmente con las operaciones petroleras y que los posibles daños ambientales podrían ser irreversibles.
El planteo busca que el ITLOS pueda intervenir sin necesidad de resolver previamente la disputa por la soberanía de las islas. Para sostener esa posición, el documento cita un antecedente del arbitraje del Mar del Sur de China, según el cual las obligaciones ambientales de la Parte XII de la CONVEMAR se aplican a todos los Estados y a todas las áreas marítimas, tanto dentro como fuera de la jurisdicción nacional. Bajo esa interpretación, las cuestiones de soberanía no impedirían exigir el cumplimiento de las obligaciones de protección ambiental.
Como respaldo de los riesgos señalados, la presentación incorpora documentación vinculada con actividades de exploración petrolera anteriores. En abril de 2015 se reportó una falla en el pozo Isobel Deep (14/20-1), perforado en la licencia PL004, a unos 30 kilómetros al sur de Sea Lion. La operación estuvo a cargo de la plataforma Eirik Raude, de Ocean Rig Management, contratada por un consorcio integrado por Falkland Oil and Gas Limited, Premier Oil y Rockhopper. En aquella oportunidad, la Cancillería argentina expresó su preocupación y presentó una denuncia penal.
El escrito también incluye, como Anexo 64, el Plan de Contingencia para Derrames de Petróleo presentado por Premier Oil Exploration & Production Ltd ante las autoridades de facto de las islas para el pozo Isobel (Elaine). Según ese documento, existía un 30% de probabilidad de que el petróleo alcanzara aguas argentinas no disputadas después de 30 días. Para un crudo más liviano, la estimación ascendía al 100% después de 14 días. La presentación argentina aclara que la expresión «límite marítimo internacional» utilizada en el plan no corresponde a un límite reconocido como tal, sino que alude a aguas argentinas no disputadas.
Otro de los cuestionamientos se refiere a la experiencia operativa de las compañías involucradas. El informe sostiene que ni Navitas Petroleum Development and Production ni Rockhopper Exploration plc tienen antecedentes en la operación de un campo petrolero offshore en producción.
En cuanto a las características del proyecto, Sea Lion se encuentra a 107 millas náuticas de las islas, equivalentes a unos 198 kilómetros, y ocupa una superficie de 541,40 kilómetros cuadrados dentro de la licencia PL032. Las fases 1 y 2 prevén la instalación de 23 pozos terminados, con la posibilidad de llegar a 26 perforaciones, distribuidos en seis centros de producción. El esquema contempla una unidad de perforación submarina anclada al lecho marino, con una zona de exclusión de 500 metros, y un buque flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo (FPSO), con un área de exclusión de 1.275 metros de radio.
La documentación también reúne referencias sobre el cronograma de desarrollo. Un informe trimestral de Navitas, fechado el 24 de agosto de 2026, indicó que la campaña de perforación de la fase NDA1 de Sea Lion se esperaba para principios de 2027. Ese mismo día, Rockhopper informó que los preparativos avanzaban según lo previsto, con tareas de acondicionamiento del muelle y la base terrestre, construcción de alojamientos y obras de infraestructura para recibir el equipo de perforación. Por su parte, un reporte de flota de julio de 2026 de Noble Corporation plc consignó que la plataforma semisumergible Noble Endeavour comenzaría operaciones en Sudamérica en enero de 2027.
El reclamo argentino también apunta contra la ampliación de las licencias hidrocarburíferas. El 21 de septiembre de 2026, siete días antes del inicio del arbitraje, las autoridades de facto de las islas extendieron por cinco años todas las licencias de producción de hidrocarburos: PL001, PL032, PL033, PL004a, PL004b y PL004c. En esos bloques participan, en distintas proporciones, los grupos Eco, Navitas y Rockhopper. Uno de los pedidos de medidas cautelares busca evitar nuevas decisiones unilaterales de ese tipo mientras se desarrolla el procedimiento internacional.
La respuesta británica incluyó la confirmación de que el Reino Unido participará en el proceso. La ministra de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, informó ante la Cámara de los Comunes que la embajada británica en Buenos Aires entregó la respuesta formal al arbitraje el 11 de octubre. Al mismo tiempo, sostuvo que la notificación del procedimiento no constituye una sentencia internacional, no invalida las licencias emitidas por el gobierno de las islas ni modifica su autoridad regulatoria. También afirmó que la presentación argentina no exige detener las actividades de desarrollo hidrocarburífero que el Reino Unido considera legales.
En relación con las eventuales medidas provisionales que pudiera disponer el ITLOS, Kumaran señaló que el gobierno británico considera que esas decisiones son vinculantes para las partes y que cumplirá con sus obligaciones internacionales.
En paralelo, el Departamento de Negocios y Comercio y la Cancillería británica anunciaron la activación de la legislación de Protección de Intereses Comerciales. La norma permite al gobierno impedir que empresas y personas británicas cumplan con determinadas regulaciones extraterritoriales de otros países. Según el planteo oficial, la medida busca proteger a las compañías que operan en las islas frente a posibles sanciones argentinas aplicadas fuera de la jurisdicción nacional.
El secretario de Negocios, Jonathan Reynolds, afirmó que el gobierno británico actuará si Argentina intenta obstaculizar lo que considera actividad comercial legítima del Reino Unido. Por su parte, el canciller Ed Miliband calificó de «inaceptables» los intentos argentinos de intimidar a empresas e individuos involucrados en esas actividades y ratificó el respaldo británico a las islas. Kumaran, además, advirtió que podrían adoptarse medidas adicionales si la situación continúa, las cuales, aseguró, serían legales, proporcionales y contundentes.
Otro de los argumentos argentinos se relaciona con el artículo 283 de la CONVEMAR, que establece la obligación de intercambiar opiniones antes de acudir a un tribunal. El documento sostiene que ese requisito ya fue cumplido, dado que el Reino Unido respondió a una nota argentina del 24 de agosto recién el 28 de septiembre, el mismo día en que se inició el arbitraje, y que su respuesta se limitó a reiterar las posiciones previamente expresadas.
Para respaldar esa interpretación, el escrito cita precedentes del propio ITLOS, entre ellos los casos MOX Plant, ARA Libertad y Arctic Sunrise. La jurisprudencia mencionada establece que un Estado no está obligado a continuar un intercambio de opiniones cuando considera agotadas las posibilidades de alcanzar un acuerdo.
La presentación también incorpora el marco de descolonización bajo supervisión de las Naciones Unidas. En particular, menciona las resoluciones 2065 (XX), de 1965, y 31/49, de 1976, de la Asamblea General, que instan a las partes a abstenerse de adoptar modificaciones unilaterales. Argentina sostiene que esos antecedentes deben ser considerados al interpretar las obligaciones derivadas de la CONVEMAR.
Entre los precedentes internacionales invocados como referencia figura la controversia entre Ghana y Costa de Marfil, en la que el ITLOS dictó medidas provisionales en abril de 2015. En ese caso, una sala especial ordenó a Ghana abstenerse de realizar nuevas perforaciones petroleras en el área marítima disputada, aunque permitió la continuidad de determinadas operaciones en curso. La diferencia principal con el reclamo argentino es que aquel litigio se centraba en la delimitación marítima entre dos Estados vecinos, mientras que la controversia por Malvinas se vincula con una disputa de soberanía territorial en el marco del proceso de descolonización.
También se menciona el caso de la fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012 por una acción judicial impulsada por acreedores de la deuda argentina. La Cancillería solicitó entonces un arbitraje bajo la CONVEMAR y pidió medidas provisionales al ITLOS. Entre la solicitud, presentada el 14 de noviembre de 2012, y la resolución del 15 de diciembre transcurrieron aproximadamente 30 días. En esa oportunidad, el tribunal ordenó la liberación inmediata e incondicional del buque, aunque los fundamentos jurídicos de aquel caso difieren de los planteados actualmente por Argentina.
