El atraso en los pagos se vincula con la evolución de los ingresos, que después de una caída registraron una recuperación parcial y posteriormente atravesaron un período de estancamiento, con una nueva baja leve. A esto se suma la reducción del empleo formal, que impactó sobre la capacidad de pago de los hogares.
Otro de los factores señalados es el comportamiento de las tasas de interés activas, que no acompañaron en la misma proporción la reducción de la inflación. En un contexto de mayor irregularidad de las carteras crediticias, las entidades financieras mantuvieron márgenes más elevados, lo que dificultó el acceso a refinanciaciones con condiciones más favorables.
La situación alcanza a distintos sectores de la población y se refleja en el uso creciente de mecanismos de financiamiento para afrontar gastos cotidianos. Entre 2023 y 2026, aumentó del 37% al 44% la proporción de personas que recurren al pago diferido con tarjeta de crédito para realizar compras de supermercado, una señal de las dificultades que enfrentan algunos hogares para llegar a fin de mes.
Los datos de la Central de Deudores del Banco Central muestran además que el 28% de las personas que mantienen deudas se encuentra registrada en situaciones 3 a 5, correspondientes a distintos grados de irregularidad.
En términos generales, el porcentaje de préstamos en mora alcanza el 24,7%, mientras que la cartera morosa representa el 18% del monto total prestado. Si se consideran exclusivamente los préstamos otorgados por bancos tradicionales, la proporción desciende al 15,3%.
La mayor concentración de casos de irregularidad se observa en los créditos de menor monto otorgados por entidades no bancarias. En particular, los pequeños préstamos registran un incremento de la mora cercano al 20%, con mayor incidencia en obligaciones inferiores a $50.000.
La edad de los deudores también presenta diferencias. Los sectores más jóvenes aparecen entre los que mayores dificultades tienen para afrontar los pagos, una situación que coincide con una mayor presencia de entidades no bancarias, como billeteras digitales y fintech, entre quienes integran esos grupos.
Sin embargo, la mayor parte de las dificultades se concentra en los grupos etarios que reúnen una mayor proporción del endeudamiento: personas de entre 30 y 70 años. En estos segmentos, donde habitualmente se observan conductas financieras más prudentes, el aumento de los atrasos aparece asociado a problemas económicos concretos derivados de la situación macroeconómica.
Frente a este escenario, el análisis plantea reparos a las alternativas que busquen trasladar la cartera morosa desde entidades privadas hacia organismos públicos. Según el diagnóstico, este tipo de medidas podría reducir los incentivos para que las entidades financieras mejoren sus mecanismos de evaluación y control de riesgos.
Como alternativa, se plantean dos líneas de acción: prevenir la generación de nueva morosidad y buscar mecanismos para resolver el stock de deudas que ya se encuentra en situación irregular, procurando reducir el tiempo necesario para normalizar esas obligaciones.
En materia de prevención, se propone impulsar medidas orientadas a mejorar la transparencia y la educación financiera, especialmente entre los jóvenes que acceden por primera vez a distintas formas de crédito y pueden no conocer completamente el impacto de las tasas de interés sobre el costo final de una deuda.
Para abordar las deudas ya vencidas, se plantea que el Banco Central analice regulaciones destinadas a facilitar y acelerar el regreso de los deudores a la situación 1, considerada normal, sin establecer como condición que previamente deban cancelar un porcentaje determinado de sus obligaciones.
También se propone revisar el mecanismo por el cual una calificación negativa puede trasladarse de una entidad financiera a otra. La recomendación apunta a reducir o eliminar ese efecto de arrastre, de modo que la situación registrada por una entidad no determine automáticamente la evaluación que otras instituciones realizan sobre el mismo deudor.
El escenario muestra así una combinación de menor capacidad de pago, financiamiento más costoso y mayores dificultades para refinanciar obligaciones, con un impacto que se extiende tanto sobre los préstamos bancarios como sobre las alternativas de crédito ofrecidas por entidades no bancarias.
