La presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Carolina Gaillard, se prepara para la instancia clave de recolección de pruebas y citación de testigos en el marco del enjuiciamiento de los cuatro jueces de la Corte Suprema, a quienes se los acusa de mal desempeño en sus funciones y posible comisión de delitos. Este jueves fueron citados los jueces federales Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos, junto a media docena de funcionarios del máximo tribunal.
Ramos Padilla y Ramos intervinieron en las causas en las cuales se investigaron los cruces de mensajes entre Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, en las instancias previas al fallo que benefició a la ciudad de Buenos Aires con la devolución de fondos coparticipables. El oficialismo intentará exaltar el valor de esos mensajes para demostrar la supuesta connivencia entre la Corte y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
–¿Qué sucederá si los testigos citados deciden no concurrir a la Comisión?
–Si no lo hacen, la Comisión debe informar al organismo disciplinario correspondiente para que les impongan sanciones. Ellos tienen la obligación de comparecer, porque así lo establece el artículo 12 del reglamento interno de la Comisión. Sólo están exceptuados el presidente de la Nación, el vicepresidente, los gobernadores y los vicegobernadores. Nadie más: el resto tiene la obligación de comparecer. Esto incluye a los jueces que fueron citados para este jueves: si Ramos o Ramos Padilla no vienen a testificar, nosotros debemos informar al Consejo de la Magistratura para que aplique las sanciones correspondientes.
–¿Cuándo se los citará a Silvio Robles y a Marcelo D’Alessandro a la Comisión?
–A D’Alessadro se lo citará oportunamente y él tiene la obligación de comparecer. Podría excusarse, ya que él está imputado en una causa penal en trámite y no puede declarar en su contra. Robles podrá negarse a declarar, pero está obligado a comparecer. Si no lo hace, la Comisión tiene la atribución de apelar a la fuerza pública para que venga. Lo mismo sucede con D’Alessandro.
–El oficialismo también libró oficios a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema (Dajudeco) para que informe a la Comisión sobre el registro de llamadas entrantes y salientes de los miembros de la Corte. La oposición advirtió que para ello es necesaria la intervención de un juez.
–Nosotros no estamos pidiendo la intervención de llamadas ni el contenido de llamadas; solo en este caso es necesaria la intervención de un juez. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez lo aclaró perfectamente: si se trata de cruce de llamadas, es prueba informativa; si solicitáramos la intervención de una línea para conocer el contenido de una comunicación (que no es nuestra intención), ahí sí hace falta la autorización de un juez.
–También el oficialismo pidió la citación del fiscal federal Ignacio Mahiques. ¿Por qué razón?
–Hay una parte del juicio que tiene que ver con la posible connivencia entre los jueces de la Corte Suprema con el gobierno de la ciudad y la oposición de Juntos por el Cambio. Para comprobar ese extremo es que requerimos el testimonio de Mahiques, porque a su celebración de cumpleaños llegaron juntos Robles y D’Alessandro. Existiría un vínculo muy cercano entre el fiscal federal, que es hermano del procurador de la ciudad (Juan Bautista Mahiques) con Robles y D’Alessandro. Es un vínculo que excede lo profesional.
–¿Cuánto tiempo estima que durará la investigación?
–Nosotros queremos agilizar el proceso. Tiene que durar el tiempo que nos lleve producir la prueba que está ofrecida. Estimamos que se prolongará durante tres o cuatro meses. Si celebramos una o dos audiencias testimoniales por semana, vamos a estar en condiciones de cumplir ese plazo.
