La convocatoria fue solicitada por La Libertad Avanza y también contempla el tratamiento de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas. Se trata de la primera de las dos sesiones previstas para el cierre del período ordinario. La siguiente está programada para el miércoles 25 y tendrá como principal objetivo debatir el Presupuesto 2027.
En el caso de la reforma del Banco Central, Diputados deberá resolver si acepta los cambios introducidos por el Senado o si insiste con la redacción original que había aprobado en agosto. Al tratarse de una segunda revisión, no podrá incorporar modificaciones adicionales al texto.
La Cámara alta había aprobado la iniciativa a fines de septiembre con 46 votos afirmativos y 22 negativos. Como las modificaciones consiguieron el respaldo de dos tercios de los senadores presentes, para recuperar la versión original Diputados necesitaría alcanzar esa misma mayoría, de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 de la Constitución Nacional.
Uno de los cambios más importantes incorporados por el Senado está relacionado con el mecanismo de designación y remoción de los directores del organismo. La versión aprobada inicialmente por Diputados establecía que la destitución debía contar con el respaldo de dos tercios de ambas cámaras legislativas.
Sin embargo, la modificación de los senadores establece que la remoción podrá aprobarse con mayoría absoluta del Senado, es decir, con 37 votos afirmativos, sin necesidad de intervención de la Cámara baja. De esta manera, cambia tanto el órgano encargado de tomar la decisión como la cantidad de votos requeridos.
La comunicación parlamentaria también precisa que los integrantes del directorio tendrán mandatos de seis años.
Más allá de esas modificaciones, el objetivo central de la reforma se mantiene. El proyecto establece que la principal misión del Banco Central será preservar el valor de la moneda nacional y elimina el esquema de objetivos múltiples incorporado en 2012, durante el Gobierno de Cristina Kirchner, a partir de una reforma impulsada por la entonces titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont.
Entre los puntos principales de la iniciativa figura la prohibición de financiar al Tesoro mediante adelantos transitorios y de adquirir títulos de deuda pública directamente en el mercado primario. La intención es limitar la utilización de recursos del Banco Central para cubrir las necesidades financieras del Gobierno.
También se establece la eliminación de las letras intransferibles y se restringe la posibilidad de utilizar mecanismos de emisión para financiar al sector público. La iniciativa contempla, además, un procedimiento para cancelar progresivamente las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados.
Otro apartado modifica el tratamiento de los resultados financieros del organismo. El proyecto establece que solamente se contabilizarán las ganancias operativas reales, que deberán acumularse hasta alcanzar el equivalente al 50% del capital del Banco Central. Los excedentes podrán destinarse exclusivamente a cancelar deuda pública.
La reforma también introduce cambios en las disposiciones relacionadas con las reservas y los activos externos, con nuevas pautas para su administración y tratamiento patrimonial. Estas modificaciones no implican, por sí mismas, una variación inmediata en el nivel de reservas internacionales disponibles.
Uno de los aspectos que generó mayor discusión es la posibilidad de utilizar activos del Banco Central, como oro, efectivo y bonos, para respaldar operaciones de financiamiento internacional, entre ellas los acuerdos conocidos como REPO.
Desde el oficialismo sostienen que la reforma busca fortalecer la independencia institucional del organismo y establecer límites más estrictos al financiamiento del Estado mediante recursos monetarios. La propuesta forma parte de la estrategia económica del Gobierno para modificar el funcionamiento del sistema monetario y reducir la intervención del Banco Central en las necesidades fiscales.
La oposición, en cambio, cuestiona el alcance de los cambios y considera que una modificación de esta magnitud debería discutirse junto con otras reglas vinculadas con la política fiscal, monetaria y cambiaria, además de los mecanismos institucionales de control.
El debate en Diputados definirá si se mantiene la versión modificada por el Senado o si la Cámara baja intenta recuperar el texto que había aprobado originalmente. La decisión será determinante para establecer el alcance definitivo de una de las reformas institucionales más relevantes impulsadas por la administración de Javier Milei.