El principal eje del proyecto es eliminar los mecanismos que permitieron históricamente al Banco Central financiar al sector público. El objetivo es restringir una de las vías utilizadas para la emisión monetaria y reducir las presiones sobre la inflación.
En materia de financiamiento del Tesoro, la propuesta plantea derogar el artículo 20 de la normativa vigente y prohibir los adelantos transitorios y cualquier préstamo directo del Banco Central a los distintos niveles del Estado. De esta manera, busca eliminar las excepciones incorporadas en reformas anteriores que habilitaron la asistencia financiera al sector público.
El proyecto también establece un régimen transitorio para ordenar el balance de la entidad. Hasta que el Estado nacional cancele las letras intransferibles y los adelantos pendientes, una parte de los resultados obtenidos por el BCRA en cada ejercicio deberá destinarse exclusivamente a ese objetivo.
La iniciativa modifica además el mecanismo para transferir utilidades al Gobierno nacional. Solo podrán distribuirse ganancias realizadas y líquidas, mientras que quedarán excluidos los resultados contables originados en variaciones del tipo de cambio o en la cotización del oro. El objetivo es evitar que la emisión monetaria quede respaldada únicamente por la depreciación del peso.
Otro de los cambios centrales está relacionado con los objetivos del Banco Central. La reforma busca reemplazar el esquema establecido en 2012 por una única misión: preservar el valor de la moneda. De aprobarse, la entidad dejaría de contemplar entre sus objetivos el fomento del empleo y el desarrollo con equidad distributiva.
El proyecto también modifica el procedimiento para remover a las autoridades del directorio. En caso de una falta grave, la destitución requerirá un decreto del Poder Ejecutivo que deberá contar previamente con la aprobación de ambas cámaras del Congreso. Para ello será necesaria una mayoría especial de dos tercios de los miembros presentes.
Este mecanismo reemplazaría la intervención de la comisión bicameral que había sido incorporada en la reforma de 2010.
En cuanto al funcionamiento operativo, la iniciativa establece la inembargabilidad de los activos que integran las reservas internacionales del Banco Central. La protección alcanzaría las tenencias de oro y los activos líquidos de la entidad.
Por último, el proyecto mantiene la posibilidad de que el BCRA opere con títulos públicos y divisas para regular la actividad financiera, aunque establece que esas operaciones deberán realizarse respetando estrictamente los valores de mercado.
