El expediente tramita ante el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak. La investigación analiza las responsabilidades vinculadas con la producción, comercialización y distribución de fentanilo adulterado, que provocó al menos 90 muertes.
Las exfuncionarias detenidas fueron la exjefa de la Anmat, Nélida Agustina Bisio, y la exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), Gabriela Mantecón Fumadó. Ambas recuperaron la libertad el viernes pasado luego de presentar garantías reales por $75 millones.
Durante el proceso judicial, Mantecón Fumadó sostuvo que mantenía informado a Lugones sobre las decisiones vinculadas con el laboratorio y la empresa encargada de comercializar el producto. También afirmó que el ministro había impulsado el cierre del establecimiento involucrado en la causa.
La exdirectora del Iname había dejado su cargo en agosto de 2025, cuando la investigación penal ya estaba en marcha. Bisio, en tanto, permaneció al frente de la Anmat hasta enero de este año.
La fiscal federal María Laura Roteta y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Leonardo Rodríguez, sostienen que las dos exfuncionarias tuvieron responsabilidades relevantes en el circuito que permitió la producción y comercialización del fentanilo adulterado. La acusación plantea además la existencia de mecanismos de cobertura estatal que habrían facilitado esas operaciones.
Lugones continúa en su cargo y desde el Gobierno se sostiene que las autoridades deben avanzar con rapidez para determinar las responsabilidades correspondientes. También se remarcó que las exfuncionarias dejaron de contar con respaldo oficial tiempo atrás.
Dentro del oficialismo admiten que el avance de la causa genera preocupación, aunque hasta el momento no se produjeron cambios en la conducción del Ministerio de Salud ni movimientos judiciales que involucren al ministro de manera directa.
El área sanitaria atraviesa además otras dificultades. Entre ellas se encuentran las diferencias internas dentro del ministerio y las consecuencias derivadas de la investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, organismo que depende del área de Salud.
El caso también comenzó a generar nuevos movimientos en el ámbito legislativo. Sectores de la oposición buscan que la Cámara de Diputados avance con el tratamiento de una nueva legislación para la Anmat durante la sesión prevista para el 19 de agosto.
Desde distintos sectores políticos coinciden en la necesidad de establecer un marco legal específico para el funcionamiento del organismo. La Anmat es un organismo descentralizado y autárquico dependiente del Ministerio de Salud, encargado de controlar medicamentos y otros productos vinculados con la salud.
La investigación por el fentanilo contaminado también puso bajo discusión las condiciones de funcionamiento del organismo, su estructura y los recursos disponibles para cumplir con sus tareas de fiscalización.
En 2025, la Cámara de Diputados creó una comisión especial para investigar el caso del fentanilo contaminado o adulterado, con participación de familiares de las víctimas. La comisión permitió incorporar el tema al debate legislativo y reunir información sobre las circunstancias que rodearon la distribución del producto.
Lugones no participó personalmente de esa instancia y respondió las preguntas formuladas por los legisladores por escrito.
Mientras la causa judicial continúa avanzando, el Gobierno mantiene su postura de que la Justicia debe determinar las responsabilidades por la producción y distribución del fentanilo adulterado. El avance del expediente vuelve a colocar bajo análisis el funcionamiento de los organismos encargados de controlar la industria farmacéutica y el papel de las autoridades sanitarias.
