La contratación quedó formalizada mediante la Resolución 31/2026 y fue adjudicada a Estudio Ecológico Industrial SRL, que fue la única empresa que presentó una propuesta en el procedimiento. El servicio estará orientado a realizar controles sobre distintos puntos del sistema de prestación de agua y saneamiento comprendidos dentro del área de cobertura de la empresa estatal.
El contrato tendrá una duración inicial de 12 meses y contempla la posibilidad de una extensión por otros cuatro meses. Durante ese período se realizarán tareas de recolección de muestras y posteriores análisis sobre diferentes componentes del sistema, con el objetivo de contar con información sobre los niveles de calidad registrados.
Los trabajos abarcarán muestras de agua potable, redes cloacales y plantas depuradoras ubicadas dentro de la zona de servicios de AySA. De esta manera, el control no estará concentrado únicamente en el agua destinada al consumo, sino también en los efluentes vinculados con el sistema cloacal y su tratamiento.
El objetivo de estas tareas es verificar el cumplimiento de los estándares y parámetros de calidad correspondientes al agua y a los efluentes tratados en las instalaciones comprendidas dentro del área regulada. Los análisis forman parte de las tareas de supervisión que lleva adelante el organismo regulador sobre la prestación del servicio.
Uno de los aspectos destacados del proceso de contratación es la diferencia entre el presupuesto oficial y el monto finalmente adjudicado. Para este procedimiento se había establecido un presupuesto de $479,47 millones, mientras que el contrato adjudicado quedó fijado en un monto de hasta $275.782.000, IVA incluido.
La contratación combina así la prestación de un servicio técnico específico con las tareas de fiscalización que corresponden al ERAS dentro del área de AySA. La extracción y análisis de muestras permitirá al organismo contar con controles sobre la calidad del agua y de los efluentes en distintos puntos del sistema.
El servicio tendrá vigencia durante el período inicial previsto de un año, con la alternativa de extenderlo por cuatro meses adicionales, de acuerdo con las condiciones establecidas en la resolución que formalizó la adjudicación.
