Esta postura fue formalizada en un comunicado entregado ante el Juzgado Federal N° 4 de La Plata, dirigido por Alberto Recondo, en el marco de una causa que investiga la contaminación del Arroyo El Gato, que desemboca en el río Santiago Primero y luego en el Río de la Plata.
La Justicia Federal, a principios de año, calificó la situación de la cuenca como de “contaminación aberrante”, basándose en informes técnicos sobre el estado del territorio. La magnitud de la problemática exige una inversión significativa para su recuperación.
Ante este contexto, el gobierno provincial sostiene que la Nación obstaculiza la aprobación del Ejecutivo necesario para acceder al nuevo crédito internacional. Por su parte, la Nación acusa a la Provincia de no utilizar “distintas fuentes de financiamiento propias” para afrontar las obras prioritarias.
El expediente presentado por la administración de Milei enfatiza que “la República Argentina -en su carácter de garante- de los proyectos y programas ejecutados por las jurisdicciones subnacionales, no tiene la obligación de priorizar el financiamiento según los requerimientos de las provincias”. Se aclara que la selección de los proyectos prioritarios se realiza en función de las necesidades del país y los cupos disponibles en cada organismo de crédito.
En un escrito firmado por el Subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, Martín Tolivia, se indicó que “la Provincia tiene competencia primaria para gestionar el programa solicitado, por lo que debe determinar las acciones necesarias para solucionar la situación planteada”. A su vez, se recordó que la Provincia dispone de diversas fuentes de financiamiento, tanto propias como externas.
El gobierno nacional agregó que es responsabilidad de la Provincia buscar opciones de financiamiento para llevar a cabo sus proyectos sin depender directamente de los cupos de organismos multilaterales. La administración mencionó que la Provincia podía solicitar enmiendas dentro de contratos existentes para incluir obras en las localidades de La Plata, Berisso y Ensenada, con el fin de atender sus prioridades.
Cabe resaltar que Argentina es miembro de diversos organismos de crédito multilaterales, los cuales asignan cupos anualmente entre las 24 jurisdicciones, incluido el Estado Nacional. Según el Ministerio de Economía, Buenos Aires cuenta actualmente con siete créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con un 59% de avance financiero. Esto incluye un crédito que la Provincia había acordado previamente para los proyectos de saneamiento.
Además, la provincia tiene contratados otros tres créditos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y está también en deuda con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y otras instituciones. La Nación calcula que las líneas de financiamiento con organismos multilaterales ascienden a un total de 2.241 millones de dólares, con 756 millones pendientes de ejecución.
La administración de Milei sostiene que, dada la subejecución de proyectos anteriores, no sería eficiente seguir otorgando financiamiento a jurisdicciones con problemas de ejecución.
El gobierno provincial había solicitado al Ministerio de Economía el aval para el crédito de 270 millones, pero no recibió respuesta hasta que la Justicia intercedió, tras una demanda del Fiscal de Estado, Hernán Gómez. A su vez, el gobierno provincial considera que la negativa del ámbito nacional responde a motivos políticos, ya que otras diez provincias sí lograron obtener avales para créditos internacionales, lo que el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, calificó como una discriminación.
El proyecto en cuestión busca mejorar el tratamiento y disposición final de líquidos cloacales en el arroyo El Gato, beneficiando a más de un millón de habitantes en La Plata, Berisso y Ensenada. El plan incluye la construcción de una Planta de Tratamiento Primario Avanzado en Berisso además de la instalación de emisarios y una estación de bombeo.
Ante el rechazo a la solicitud de crédito, la provincia se enfrenta a la opción de realizar una obra menor o ajustar recursos mediante enmiendas a financiamientos existentes. El gobierno nacional expresó su voluntad de continuar apoyando a la provincia en calidad de garante.
