“Durante años, un sistema fiscal opresivo, junto a controles cambiarios y una inflación elevada, han forzado a muchos argentinos hacia la informalidad”, indicó Espert, quien describió esta iniciativa como la “segunda fase del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”.
El legislador subrayó que “no son los argentinos quienes deben rendir cuentas al Estado, sino el Estado que ha fallado en su deber hacia millones de ciudadanos durante décadas”.
En relación al contenido de la normativa, aseguró que representa un “cambio de régimen en la tributación”. “Dejaremos atrás el modelo persecutorio y pasaremos a un sistema donde todos seremos considerados inocentes, hasta que ARCA demuestre lo contrario”, aseguró. Además, declaró que la finalidad es “proteger a quienes ahorraron de los desastres ocasionados por la casta política”.
Juan Pazo, por su parte, proporcionó información técnica sobre el proyecto y mencionó que se sustentará en dos pilares: uno relacionado con el cambio de paradigma en el régimen general y otro centrado en el blindaje del nuevo régimen simplificado de Ganancias.
Respecto al régimen general, precisó que “hasta ahora, en Argentina, podías ser investigado por evasión con diferencias de hasta un millón y medio de pesos, lo cual resulta absurdo”. Con la nueva ley, estos límites se incrementarán notablemente, lo cual significa una reducción drástica de casos penales en curso.
“De aproximadamente 7.000 casos abiertos en el ámbito penal tributario, solo quedarán alrededor de 200”, apuntó. También notificó cambios en los plazos de prescripción: “Se reducirá de cinco a tres años, siempre que los ciudadanos o las empresas hayan presentado su declaración jurada a tiempo”.
Pazo destacó que “quienes no cumplan y sean notificados podrán saldar su deuda fácilmente. Los problemas fiscales se resuelven de manera accesible”. En cuanto al régimen simplificado, explicó que los que se inscriban pagarán el impuesto a las ganancias “solamente por sus ingresos, sin importar su variación patrimonial”.
Como ejemplo, mencionó: “Si durante un ejercicio fiscal una persona adquiere cinco departamentos, ARCA solo cobrará ganancias sobre lo facturado, restando las deducciones permitidas”. El funcionario enfatizó que este enfoque busca garantizar “que ningún futuro gobierno podrá perseguirlos debido a sus antecedentes patrimoniales” y añadió: “Con esta ley, las amenazas del partido del Estado quedarán en el pasado”.
Pazo resaltó que el nuevo régimen de regularización fiscal “no tiene un objetivo cuantitativo en términos de dólares”, sino que pretende ofrecer una herramienta continua que facilite a cualquier argentino “usar sus ahorros con libertad, sin tener que ocultarlos ni fingir gastos”.
En respuesta a preguntas, aclaró que podrán adherirse tanto monotributistas como responsables inscriptos y trabajadores en relación de dependencia, siempre que realicen actividades adicionales fuera del trabajo formal. Explicó también que el núcleo del nuevo régimen es “disminuir los incentivos a la informalidad”, combinando alivios en Ganancias con acceso a un sistema simplificado de blanqueo. Sin embargo, evitó proporcionar cifras sobre el flujo de divisas que el Gobierno espera captar por esta vía.
Cuando se le preguntó si se contemplan cambios adicionales en las alícuotas del impuesto a las Ganancias para reforzar incentivos, Pazo respondió contundentemente: “No están en agenda modificaciones adicionales en Ganancias. Lo presentado es lo que consideramos esencial para comenzar a transformar la estructura impositiva. Nuestro enfoque está en simplificar y proporcionar previsibilidad, no en soluciones temporales”.
Agregó que la estrategia del Gobierno incluye coordinar esfuerzos con las provincias, aunque reconoce que no todas están igualmente dispuestas a colaborar.
Espert intervino para criticar al gobernador Axel Kicillof. Lo acusó de seguir una “lógica soviética” que obstaculiza la transición hacia un sistema fiscal más justo. “La provincia de Buenos Aires no puede seguir persiguiendo a los ciudadanos por cómo administran su dinero. Eso se acabó”, aseguró.
Pazo coincidió en que ARCA no compartirá información sobre consumos y facturación de los contribuyentes adheridos al nuevo régimen con la Agencia de Recaudación provincial (ARBA), evitando que Kicillof utilice esos datos con fines fiscales.
La conferencia concluyó con un tono político marcado. Espert afirmó que el gobernador “ha entregado la provincia a la delincuencia” y que su política tributaria se basa en “castigar a quienes generan riqueza y recompensar a quienes destruyen valor”.
Defendió el rumbo del Gobierno en materia fiscal y llamó a las provincias a sumarse: “Esto no es una discusión ideológica. Es necesario sacar a la Argentina del pozo de la decadencia, y solo se logra con libertad económica, reglas claras y menos impuestos confiscatorios”.
El plan para movilizar los “dólares del colchón” inició con un anuncio, pero luego se vio interrumpido por la falta de consenso en otros distritos, como la provincia de Buenos Aires.
Expertos en tributación sugirieron que los contribuyentes interesados eviten anotarse hasta que se clarifiquen ciertos aspectos normativos, incluyendo algunas disposiciones más recientes de la UIF.
El Gobierno intensificó sus acciones entre miércoles y jueves, integrando nuevas disposiciones de la UIF y los proyectos de ley.
