La estrategia del Ejecutivo se basa en un escenario judicial en curso: si la Corte Suprema falla en contra del Gobierno, la administración actual deberá aplicar la Ley de Financiamiento Universitario vigente, normativas que son cuestionadas por el oficialismo por no señalar una fuente específica de financiamiento. Desde Balcarce 50 alertan que un fallo desfavorable podría ocurrir en un contexto de ajuste fiscal, con un margen de recaudación disminuido y la intención de mantener el superávit.
Por el momento, las universidades no han retirado la demanda judicial. En el Consejo Interuniversitario Nacional enfatizan que el acuerdo económico en curso no implica desistir del reclamo ante la Corte. El caso está actualmente bajo revisión del máximo tribunal, tras un recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo en contra de una cautelar que favorecía a las universidades.
Se espera que el acuerdo entre el Gobierno y el CIN se concrete el martes por la tarde, aunque desde la administración aclaran que aún no se ha llegado a una definición final. Desde Nación aseguran que las charlas sobre los términos del acta, el alcance de la recomposición y la manera de formalizar el entendimiento -sin retirar el reclamo judicial- continúan.
Según informan fuentes universitarias, la propuesta aboga por un aumento de la masa salarial del 24,33%. Se contempla un incremento del 21,33% en junio sobre los salarios básicos de mayo de 2026 y un 3% adicional en octubre sobre los básicos de septiembre. Esta actualización incluye la corrección del desfasaje de 2025 y la inflación acumulada hasta mayo de 2026, además de una mejora adicional del 7% en reconocimiento de la pérdida de poder adquisitivo.
El acta también prevé el inicio de negociaciones paritarias con docentes y no docentes, con una regularidad que no podrá superar los tres meses calendario. Este es uno de los principales reclamos de los gremios universitarios, que critican la falta de una instancia regular para discutir salarios.
Asimismo, se plantea una actualización del 20% para los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir de junio de 2026, y un incremento de $50.000 millones para hospitales universitarios durante este año, junto con un aumento del 50% en las Becas Manuel Belgrano desde junio.
El Ejecutivo intenta presentar este entendimiento como una forma de aliviar el conflicto universitario, sin renunciar a su crítica fundamental a la ley vigente aprobada por el Congreso. Desde la Casa Rosada sostienen que la normativa actual afecta el gasto sin especificar los recursos requeridos, por lo que debe ser discutida en el contexto general del Presupuesto.
Un antecedente relevante fue la propuesta alternativa elaborada por el Gobierno durante el verano, que buscaba no insistir en la derogación total del financiamiento educativo, sino realizar ajustes, como un aumento del 20% en los gastos de funcionamiento, una revisión escalonada de los salarios, una evaluación en junio para compensar posibles diferencias con el IPC y el reconocimiento de incrementos en becas.
Esa iniciativa no prosperó en el Congreso, pero ahora se retoma como punto de referencia para el debate del Presupuesto 2027. Desde el Gobierno consideran que el análisis presupuestario permite organizar el costo fiscal de las universidades junto con otras prioridades estatales, en lugar de gestionar una ley específica por fuera del cálculo general de ingresos y gastos.
La discusión, además, está marcada por la reciente reestructuración del presupuesto. Hace menos de un mes, el Gobierno implementó un recorte cercano a $2,5 billones, que impactó en educación, universidades, obras, subsidios y otros programas. En los despachos oficiales, comparan esa cifra con el costo fiscal que representaría la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que calculan en un nivel similar.
La decisión administrativa incluyó recortes en programas de la Secretaría de Educación, la suspensión de transferencias de capital para infraestructura universitaria y reducciones en partidas educativas. Desde Balcarce 50 aseguran que estas acciones forman parte del objetivo de cumplir las metas fiscales acordadas y mantener el equilibrio financiero del sector público.
