En un ambiente neutral destinado a evitar la atención mediática, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se reunió con rectores en representación del Consejo Interuniversitario Nacional para intentar solucionar el conflicto presupuestario que impulsó la reciente Marcha Federal el mes anterior.
Según informaron fuentes de ambos lados, la oferta del Gobierno consiste en una recomposición salarial del 24,3% que cubre la pérdida correspondiente a parte de 2024, todo 2025 y el desfase hasta mayo de 2026. El aumento se realizaría en dos etapas: un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre.
El acuerdo también contempla la creación de una comisión técnica destinada a examinar el periodo adeudado de 2024 y asegurar que las negociaciones paritarias se lleven a cabo cada tres meses.
Además, el Gobierno propuso un aumento del 50% en las becas Manuel Belgrano, un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades y un fondo adicional de 50 mil millones de pesos para el mantenimiento de hospitales universitarios.
Simultáneamente, las universidades esperan la convocatoria del Gobierno para establecer un nuevo criterio de distribución de la partida de más de 79 mil millones de pesos destinada a los hospitales, cuyo congelamiento había suscitado protestas y el aviso de que la atención en estos establecimientos podía verse comprometida por la falta de presupuesto.
En una conversación con este medio, representantes de la comunidad universitaria que están al tanto de las conversaciones consideraron que la propuesta del Ejecutivo es “razonable”. Sin embargo, el diálogo se rompió debido a la exigencia del Gobierno de que las universidades retiren la demanda judicial que reclama la aplicación de la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso.
Esta ley establece la obligación de aplicar incrementos en salarios y becas, conforme al índice de precios al consumidor, lo que se traduce en aproximadamente 2,5 billones de pesos y que, según el Gobierno, podría afectar el superávit fiscal.
La negativa de los rectores a retirar la demanda judicial
“Eso no va a suceder de ninguna manera. No estamos dispuestos a hacerlo y esa situación no es negociable. Hay condiciones para avanzar, pero la pelota está del lado del Gobierno”, afirmaron los rectores universitarios en diálogo con este medio.
Para las universidades, la demanda judicial representa una garantía que no están dispuestas a sacrificar. Asimismo, sostienen que no hay consenso en la comunidad académica para retirar dicha demanda. En lugar de ello, insisten en que la oferta del Gobierno demuestra que cuenta con los recursos para solucionar el conflicto.
“Si hay voluntad de acordar, resulta bastante insólito que no lo hagamos. Existen condiciones para que eso ocurra”, resaltaron, con la esperanza de que se logre una resolución en el transcurso de esta semana.
Desde el Gobierno, respondieron que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), dirigido por Franco Bartolacci, no está dispuesto a ceder en el ámbito judicial para no comprometer el apoyo de la comunidad y cuestionaron que esa decisión pudiera generar un conflicto sin solución. Ambas partes reiteran que, para alcanzar un acuerdo, cada uno deberá realizar concesiones.
