El proyecto fue analizado en un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, que contó con especialistas e invitados propuestos por los bloques opositores. La discusión continuará este miércoles a las 11 con la exposición de María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia.
La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo contiene 133 artículos y propone modificaciones que exceden el régimen de sanciones por la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas. El texto también plantea cambios en áreas vinculadas con la defensa, la inteligencia y la seguridad nacional.
Durante el debate, sectores de la oposición plantearon la posibilidad de dividir el proyecto para tratar inicialmente un capítulo específico sobre las sanciones destinadas a empresas que exploren o exploten hidrocarburos en las Islas Malvinas.
Los diputados de Unión por la Patria Germán Martínez y Agustina Propato reclamaron además la presencia de los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa y de la secretaria de Malvinas de la Cancillería.
Entre los cuestionamientos formulados durante la jornada apareció la preocupación por distintas disposiciones del proyecto relacionadas con las Fuerzas Armadas. Daniel Filmus sostuvo que la iniciativa contempla “protocolos de derribo” y acciones como el hundimiento de buques, y consideró que esas previsiones prepararían a las fuerzas para operaciones no convencionales. También advirtió que podrían aportar elementos al Reino Unido para sostener una narrativa de amenaza frente a sus aliados de la OTAN.
El proyecto busca modificar el régimen vigente para sancionar las actividades no autorizadas de explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y en los espacios marítimos correspondientes. El texto reafirma la pertenencia de esos territorios al territorio nacional y establece como objetivo permanente la recuperación total de la soberanía argentina.
Según la fundamentación del Ejecutivo, la iniciativa se estructura alrededor de tres objetivos: sancionar la explotación ilegítima de recursos, generar incentivos para que esas actividades cesen y ampliar las herramientas estatales frente a amenazas externas.
Uno de los cambios centrales consiste en la derogación de la Ley 26.659 y su reemplazo por un nuevo régimen sancionatorio. A diferencia de la normativa actual, el esquema propuesto no se limitaría a los hidrocarburos, sino que alcanzaría también a otros recursos naturales renovables y no renovables.
El texto contempla penas de prisión, multas calculadas en equivalentes de barriles de petróleo e inhabilitaciones para distintas conductas vinculadas con la explotación sin autorización argentina. También establece consecuencias económicas para personas y empresas sancionadas, que podrían quedar impedidas de desarrollar determinadas actividades en el país, contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales y previsionales.
Además, la iniciativa propone crear un Sistema de Seguridad Nacional, bajo la supervisión de un Consejo encabezado por el Presidente. Ese esquema tendría como objetivo coordinar políticas relacionadas con defensa, inteligencia, economía y protección de infraestructura crítica.
El plenario también tuvo un momento de tensión a partir de la intervención del diputado libertario Beltrán Benedit, quien reivindicó su visita a genocidas detenidos en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Sus declaraciones generaron cuestionamientos de Germán Martínez y de otros legisladores de Unión por la Patria. El diputado Carlos Zapata intervino posteriormente para finalizar la exposición y dar por concluida la reunión.
El episodio se vinculó con una visita realizada el 11 de julio de 2024 por un grupo de diputados de La Libertad Avanza a detenidos por delitos de lesa humanidad en ese complejo penitenciario.
Antes del plenario, la diputada de Provincias Unidas Alejandra Torres y otros legisladores habían presentado un proyecto de resolución para pedir que los integrantes de la Cámara de Diputados mantengan un trato respetuoso y acorde con la dignidad parlamentaria. El planteo sostiene que el Congreso es un ámbito atravesado por el pluralismo y el disenso, pero que esas diferencias deben desarrollarse dentro de un marco de respeto institucional.
En una línea similar, la diputada de La Libertad Avanza Mercedes Llano presentó una iniciativa para establecer la suspensión de la dieta de los legisladores que incurran en insultos dentro del Congreso. El proyecto diferencia entre la crítica política, considerada parte del debate democrático, y el agravio personal.
