La ISA es la entidad gubernamental encargada de supervisar y regular el mercado de valores en Israel, similar a la Comisión Nacional de Valores en Argentina o la SEC en Estados Unidos. Su función es proteger a los inversores y asegurar la transparencia de las empresas que cotizan o buscan financiamiento a través de diferentes mecanismos.
Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration PLC anunciaron el año pasado sus planes para comenzar la extracción de petróleo en 2028, con la intención de ampliar sus exploraciones en las aguas del archipiélago cuya soberanía es reclamada por Argentina.
Es un desarrollo significativo para el Gobierno de Javier Milei y su Cancillería, considerando que Navitas es de Israel, su aliado principal. Además, representa un acontecimiento histórico para Argentina, que, pese a su reclamo de soberanía sobre las islas del Atlántico Sur y sus aguas circundantes, vería la extracción de hidrocarburos en la región por primera vez, convirtiéndola en una vasta cuenca petrolera.
La denuncia presentada por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que según la Constitución Nacional tiene legitimidad sobre las Malvinas, las Georgias y Sandwich del Sur, administradas efectivamente por el Reino Unido, argumenta que Navitas proporcionó información engañosa o incompleta a sus inversores sobre el riesgo jurídico, diplomático y geopolítico que enfrenta el proyecto, desarrollado sin la autorización de Argentina en una zona disputada, reconocida así por Naciones Unidas.
Particularmente, la Provincia ha señalado que los directivos de la empresa habrían minimizado la postura del Gobierno argentino ante el mercado, a pesar de que la Cancillería había rechazado formalmente la decisión de inversión anunciada por Navitas y Rockhopper, calificando sus actividades como ilegales y recordando que cualquier participación en operaciones hidrocarburíferas no autorizadas en el área es un acto ilícito según la ley argentina e internacional.
La denuncia insta a la autoridad israelí a investigar si Navitas omitió informar de manera oportuna hechos relevantes para sus inversores, incluyendo el rechazo oficial argentino al proyecto, las sanciones ya impuestas a la empresa y las declaraciones del Gobierno.
